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Con fecha 7 de mayo del corriente se recibe expediente del Ayuntamiento de Lucena del Puerto para la enajenación, mediante pública subasta, de una parcela de los bienes de propios.
En el expediente instruido al efecto por dicho Ayuntamiento se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en los arts. 79.1 y 80 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, artículos 109, 112.1, 113, 114, 118 y
119 del Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, Ley 7/1985, de 2 de abril, Ley 6/1983, de 21 de julio, Circular de 14 de septiembre de 1951 y demás preceptos de general aplicación.
El Decreto 29/1986, de 19 de febrero, sobre desconcentración de funciones de la Consejería de Gobernación, en su art. 3 confiere a esta Delegación competencia en materia de disposición de bienes de propios de las Corporaciones Locales, cuando el valor del bien no supere el 25% de los recursos ordinarios del presupuesto anual de la Corporación.
La descripción exacta del bien es la que sigue:
Parcela de terreno al sitio «Las Perreras¯, segregada de la finca matriz con ese mismo nombre, con una extensión superficial de 166,5 m que presenta los siguientes linderos: Derecha y fondo, con terrenos del Ayuntamiento; y a la izquierda, con don Dionisio Robles Garrochena, don Antonio Moro Guijarro y don Melchor Garrochena Sánchez.
Tiene una valoración pericial de 550.000 ptas.
Signatura registral: Inscrito en el Registro de la Propiedad de Moguer, Tomo
636, libro 33, folio 96, finca 2.035 (de la finca matriz).
En su virtud he resuelto:
1º Prestar conformidad a la enajenación, mediante pública subasta, de una parcela de los bienes de propios del Ayuntamiento de Lucena del Puerto.
2º Notificar dicha conformidad al Ayuntamiento de Lucena del Puerto.
3º Ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
4º Contra esta Resolución podrá interponerse el Recurso Ordinario del artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, ante la Consejera de Gobernación y Justicia, en el plazo de un mes desde la notificación de la misma, sin perjuicio de cualquier otro que se estime oportuno.
Huelva, 13 de mayo de 1997.- El Delegado, José Antonio Muriel Romero.
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