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Recibido en esta Delegación del Gobierno expediente promovido por el Ayuntamiento de Jerez de la Frontera sobre enajenación, mediante venta directa, de una parcela sobrante de propiedad municipal sita en C/ Alamos, núm. 4, de dicha localidad, a la entidad Luandi, S.L., propietaria colindante.
En el expediente instruido al efecto se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en los arts. 79 del R.D. Legislativo 781/86, de 18 de abril, 109 y siguientes del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de 13 de junio de 1986; Ley 7/85, de 2 de abril; Ley 6/83, de 21 de julio, y demás preceptos de general aplicación.
El Decreto 29/86, de 19 de febrero, sobre desconcentración de funciones de la Consejería de Gobernación, en su artículo 3 confiere a esta Delegación competencia en materia de disposición de bienes de propios de las Corporaciones Locales, cuando el valor del bien no supere el 25% de los recursos ordinarios del Presupuesto anual de la Corporación.
A fin de dar cumplimiento al acuerdo adoptado por el Pleno de dicha Corporación Local en la sesión celebrada el día 29 de enero de 1999, por el que se acuerda la enajenación, mediante venta directa, de la parcela sobrante cuya descripción se detalla a continuación:
Porción de terreno de 95 m¯, segregado de la finca registral núm. 5.830, cuyos linderos son los siguientes: Norte, con la C/ Alamos; al Sur, con la finca núm. 8 de la C/ Pañuelos; al Oeste, con solar núm. 10, de la C/ Pañuelos, y al Este con el resto de la finca de la que se segrega, que actualmente es la Ronda de San Telmo.
En virtud de todo ello he resuelto:
1º Prestar conformidad a la enajenación a la entidad Luandi, S.L., mediante venta directa, de la parcela sobrante descrita, propiedad del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera.
2º Notificar dicha conformidad al Ayuntamiento.
3º Publicar la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
Contra esta Resolución podrá interponerse el recurso de alzada del artículo 114 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, ante la Consejera de Gobernación y Justicia en el plazo de un mes desde la notificación de la misma, sin perjuicio de cualquier otro que se estime oportuno.
Cádiz, 7 de junio de 1999.- El Delegado, Francisco Menacho Villalba.