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Vista la petición formulada por el Ayuntamiento de Zahara (Cádiz), mediante Decreto de 1 de octubre de 2000, por la que se solicita dejar sin efecto el nombramiento a favor de don Joaquín Coveñas Peña como funcionario interino para el desempeño del puesto de trabajo de Secretaría-Intervención de ese Ayuntamiento, efectuado por Resolución de 9 de marzo de
1999, de la Dirección General de Administración Local, a instancia del propio interesado, de conformidad con lo establecido en el artículo 34 del Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio, sobre provisión de puestos de trabajo reservados a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional; artículo 64 de la Ley 42/1994, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, y en el Decreto 467/1994, de 13 de diciembre, por el que se asignan a la entonces Consejería de Gobernación las competencias atribuidas por la Disposición Adicional Novena de la Ley 22/1993, de 29 de diciembre, en relación con el artículo
11.1.e) del Decreto 139/2000, de 16 de mayo, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Justicia y Administración Pública,
Esta Dirección General ha resuelto:
Primero. Dejar sin efecto el nombramiento efectuado mediante Resolución de 9 de marzo de 1999 de la Dirección General de Administración Local, a favor de don Joaquín Coveñas Peña, con DNI 25.575.925, como funcionario interino para el desempeño del puesto de trabajo de Secretaría en el Ayuntamiento de Zahara (Cádiz).
Segundo. Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso de reposición ante este órgano en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a aquél en que tenga lugar la notificación del presente acto, o interponer directamente el recurso contencioso-administrativo ante los correspondientes órganos judiciales de este orden en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de la notificación de este acto, de conformidad con lo establecido en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en el art. 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Sevilla, 16 de octubre de 2000.- El Director General, Vicente Vigil-Escalera Pacheco.