Boletín Oficial de la Junta de Andalucía - Histórico del BOJA Boletín número 126 de 29/10/2002

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, e intentada sin efecto la notificación personal al recurrente, don José Ramón Ortiz de Zárate Ramírez y doña Matilde Ramírez Revilla, en representación de Electrobilsa, C.B., de la Resolución del Consejero de Gobernación al recurso interpuesto contra la dictada por el Delegado del Gobierno en Almería, por la presente se procede a hacer pública la misma, al no haberse podido practicar en su domicilio, reproduciéndose a continuación el texto íntegro.

Se le comunica que el expediente administrativo se encuentra en las dependencias del Servicio de Legislación de esta Secretaría General Técnica (Plaza Nueva, 4, Sevilla), pudiendo acceder al mismo previa acreditación de su identidad.

«Visto el recurso de alzada interpuesto por don José Ramón Ortiz de Zárate Ramírez y doña Matilde Ramírez Revilla, en nombre y representación de la entidad Electrobilsa, C.B., contra la Resolución de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Almería, de fecha 1 de marzo de 2001, recaída en el expediente 160/2000.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. El Delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Almería dictó la Resolución de referencia, por la que se impone a la citada entidad una sanción de 30.000 ptas. (180,30 E) de conformidad con los antecedentes de hecho y fundamentos de derecho contenidos en la misma, a la que nos remitimos íntegramente.

Segundo. Contra la anterior Resolución, el interesado interpuso recurso de alzada, alegando en síntesis que se debe retrotraer el expediente al no haberse notificado en forma la Propuesta de Resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Esta Secretaría General Técnica es competente, por delegación del Consejero realizada por la Orden de 18 de junio de 2001, para conocer y resolver el presente recurso, a tenor de lo dispuesto en los artículos 114.1 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (en adelante, LRJAP-PAC), y 39.8 de la Ley del Gobierno y la Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en relación con el Decreto del Presidente 6/2000, de

28 de abril, sobre reestructuración de Consejerías; el Decreto

138/2000, de 16 de mayo, por el que se aprueba la Estructura Orgánica de la Consejería de Gobernación, modificado por Decreto 373/2000, de 16 de mayo.

Segundo. Conforme a lo dispuesto en el artículo 113.3 de la LRJAP-PAC, según el cual el órgano que resuelva el recurso decidirá cuantas cuestiones, tanto de forma como de fondo, plantee el procedimiento, hayan sido o no alegadas por los interesados, con carácter previo suscita la posible caducidad del procedimiento, cuya admisión supondrá la estimación del recurso sin necesidad de entrar en el fondo del asunto.

El artículo 18.2 del Real Decreto 1945/1983, de 22 de junio, por el que se regulan las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, establece que caducará la acción para perseguir las infracciones cuando, conocida por la Administración la existencia de una infracción y finalizadas las diligencias dirigidas al esclarecimiento de los hechos, hubieran transcurrido seis meses sin que la autoridad competente hubiera ordenado incoar el oportuno procedimiento. La Sala en Sevilla del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en varias sentencias, como las de 12 de junio de 1998, 28 de octubre de

1999 ó 30 de marzo de 2000, aclara que la fecha que marca el dies ad quem de la caducidad no es el de la adopción del acuerdo de iniciación del procedimiento, sino el de su

notificación. Así, la primera de ellas aclara: De lo anterior se deduce que entre el acta y la notificación del acuerdo de iniciación transcurrieron más de los seis meses que el art.

18.2 del R.D. 1945/83 establece para que se produzca la caducidad para perseguir la infracción. Conviene aclarar que ha de estarse a la fecha de notificación del acuerdo de iniciación y no a del acuerdo mismo, pues en aquel momento la Resolución alcanza el efecto que le es propio, tal y como se deduce del art. 57 de la Ley 30/92, de Procedimiento Administrativo Común.

Por tanto, a la vista de la fecha de entrada en la Delegación de Almería del informe sobre el material inspeccionado (7 de abril de 2000) y la de notificación del acuerdo de iniciación (17 de octubre), se desprende que ha transcurrido el plazo de seis meses establecido y, en consecuencia, se ha producido la caducidad del expediente.

Vistos la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la

Defensa de los Consumidores y Usuarios; la Ley 5/1985, de 8 de julio, de los Consumidores y Usuarios en Andalucía; el R.D.

1945/83, de 22 de junio, por el que se regulan las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria; la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y demás disposiciones concordantes y de general aplicación, esta Secretaría General Técnica

RESUELVE

Estimar el recurso de alzada interpuesto por don José Ramón Ortiz de Zárate Ramírez y doña Matilde Ramírez Revilla, en nombre y representación de la entidad Electrobilsa, C.B., contra Resolución de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Almería, y, en consecuencia, revocar la Resolución recurrida.

Contra la presente Resolución, que agota la vía

administrativa, se podrá interponer recurso contencioso- administrativo en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de su notificación o publicación, ante los correspondientes órganos judiciales de este orden, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 46.1 de la Ley

29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción

Contencioso-Administrativa. Sevilla, 30 de julio de 2002. El Secretario General Técnico. P.D. (Orden de 18.6.01). Fdo.: Sergio Moreno Monrové.¯

Sevilla, 1 de octubre de 2002.- El Secretario General

Técnico, Rafael Cantueso Burguillos.

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