Boletín Oficial de la Junta de Andalucía - Histórico del BOJA Boletín número 54 de 09/05/2002

Visto el expediente Administrativo de Desahucio A-10/92, incoado contra doña Macarena Carrasco Silva, por presunta infracción al Régimen legal que regula las viviendas de Protección Oficial, resultan los siguientes

HECHOS

Primero. Con fecha 2.4.1992, se notificó a la expedientada la incoación del expediente de Desahucio, el nombramiento de Instructor y Secretario, así como el correspondiente pliego de cargos, imputándole como cargo el no ocupar la vivienda de Promoción Pública sita en la Plaza Teresa Panza, Blq. 6-3.º C, de Huelva, y de la cual era adjudicataria en régimen de arrendamiento. No presentándose escrito de descargo alguno.

Segundo. Con fecha 14.5.1992, se dictó Propuesta de resolución elevada al Ilmo. Sr. Delegado Provincial de la Consejería de Obras Públicas y Transportes comunicándole gozar de un plazo de ocho días hábiles para la presentación de las alegaciones que considerara convenientes para su defensa.

Tercero. Con fecha 29.11.2000, doña Manuela Cabo Luis, solicita al amparo del Decreto 376/2000, de 1 de septiembre, la regularización en arrendamiento, como ocupante sin título de la vivienda de Promoción Pública sita en la Plaza Teresa Panza, Blq. 6-3.º C, de Huelva.

Cuarto. Mediante resolución de la Delegación Provincial de la Consejería de Obras Públicas y Transportes en Huelva, se acordó adjudicar en régimen de arrendamiento a doña Manuela Cabo Luis la vivienda de Promoción Pública sita en la Plaza Teresa Panza, Blq. 6-3.º C, integrada en el Grupo HU-998, y con núm. de Cta.

127.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. En virtud de lo dispuesto en el Apartado II, del artículo único del Decreto 86/1984, de 3 de abril, son competentes para resolver los expedientes de desahucio administrativo contra los titulares, ocupantes de viviendas, locales comerciales y edificaciones complementarias de propiedad de la Junta de Andalucía, los/as Delegados/as Provinciales de la Consejería de Política Territorial (hoy Consejería de Obras Públicas y Transportes según Decreto

10/1987, de 3 de febrero).

Segundo. De conformidad con lo establecido en el art. 42 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y el art. 142 del Decreto 2114/1968, de 24 de julio, la Administración a la vista de los hechos podrá acordar el archivo del expediente.

Tercero. A la vista de las actuaciones realizadas, queda desvirtuado suficientemente el hecho que constituye el fundamento del presente expediente Administrativo de Desahucio.

Esta Delegación Provincial, a la vista de lo anterior y teniendo en cuenta el cumplimiento de las formalidades exigidas en la normativa aplicable,

HA RESUELTO

Acordar el archivo del Expediente Administrativo de Desahucio A-10/92.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa podrá interponer recurso de alzada, bien directamente o a través de esta Delegación Provincial, ante la Excma. Sra. Consejera de Obras Públicas y Transportes, en el plazo de un mes a contar a partir del día siguiente a aquél en que tenga lugar la notificación o publicación de la presente Resolución, y sin perjuicio de que por Vd., se pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime procedente.

Huelva, 13 de marzo de 2002.- La Delegada, Rocío Allepuz Garrido.

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