Boletín Oficial de la Junta de Andalucía - Histórico del BOJA Boletín número 78 de 04/07/2002

Vista la petición formulada por doña Laura García Angulo, funcionaria de Administración Local con habilitación de carácter nacional, Subescala Intervención-Tesorería, categoría de entrada, titular de la plaza de Tesorera del Ayuntamiento de Santa Fe (Granada) en virtud de Resolución de 27 de febrero de

2002, de la Dirección General para la Administración Local, para obtener nombramiento provisional en el puesto de trabajo de Intervención del Ayuntamiento de Armilla (Granada), así como el Decreto favorable adoptado por la Alcaldía de esa Corporación con fecha 5 de junio de 2002 y por el Ayuntamiento de Santa Fe (Granada) mediante Decreto de la Alcaldía de fecha

7 junio de 2002, de conformidad con lo establecido en el artículo 30 del Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio, sobre provisión de puestos de trabajo reservados a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, y en el Decreto 467/1994, de 13 de diciembre, por el que se asignan a la entonces Consejería de Gobernación las competencias atribuidas por la Disposición Adicional Novena de la Ley 22/1993, de 29 de diciembre, en relación con el artículo

11.1.e) del Decreto 139/2000, de 16 de mayo, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Justicia y Administración Pública.

Esta Dirección General ha resuelto:

Primero. Nombrar a doña Laura García Angulo, con DNI.812.968, como Interventora, con carácter provisional, del Ayuntamiento de Armilla (Granada).

Segundo. Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso de reposición ante este órgano en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a aquél en que tenga lugar la notificación del presente acto, o interponer directamente el recurso contencioso-administrativo, ante los correspondientes órganos judiciales de este orden en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de la notificación de este acto, todo ello de conformidad con lo establecido en los artículos 116 y

117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de

13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso- Administrativa.

Sevilla, 12 de junio de 2002.- El Director General, José Taboada Castiñeiras.

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