Boletín Oficial de la Junta de Andalucía - Histórico del BOJA Boletín número 63 de 31/03/2010

NIG: 4109142C20090033940.

Procedimiento: Juicio Verbal (Desahucio falta pago -250.1.1) 1179/2009. Negociado: 5.

De: Don José Manuel Fernández Ruiz.

Procurador: Sr. Antonio Ruiz Gutiérrez.

Contra: Doña Sandra Patilla Rodríguez y Antonio Sánchez Galán.

EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

En el procedimiento de referencia se ha dictado la resolución del tenor literal siguiente

SENTENCIA núm. 204/09

En Sevilla a nueve de noviembre de dos mil nueve.

Pronuncia la Iltma. Sra. doña Celia Belhadj Ben Gómez, Magistrada Juez titular del Juzgado de Primera Instancia núm. Tres de Sevilla en el procedimiento de juicio Verbal Civil seguido a instancias de don José Manuel Fernández Ruiz, representado por el Procurador Sr. Ruiz Gutiérrez, y asistido por el Letrado Sr. Pérez Ramírez, contra don Antonio Sánchez Galán y doña Sandra Patilla Rodríguez, declarado en situación procesal de rebeldía.

Sobre desahucio por falta de pago de la renta.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Con fecha 1 de junio del actual se presenta por el Procurador Sr. Ruiz Gutiérrez, en la indicada representación, demanda de juicio verbal de desahucio, junto con sus copias y documentos.

Segundo. Por Auto de fecha 15 de junio, se incoa la misma, señalándose día y hora para la celebración del juicio oral.

Tercero. El día 4 de noviembre del actual se celebró el juicio oral con el resultado obrante en autos, no compareciendo el demandado a pesar de haber sido citado en forma, por lo que fue declarado en rebeldía conforme a lo previsto en el artículo 442.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Cuarto. Celebrada la vista oral, el juicio quedó concluso para sentencia.

Quinto. En la tramitación del procedimiento se han observado todas las prescripciones legales.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Por la parte actora se pretende la resolución del contrato de arrendamiento de la vivienda sita en Avda. Calesera, núm. 5, 1.° A, de Sevilla, celebrado con el demandado, por falta de pago de la renta y cantidades asimiladas, con apercibimiento de lanzamiento si no desaloja la finca, así como la condena de la demandada a abonar al demandante la cantidad de 2.470,28 €, a que ascienden las rentas y cantidades asimiladas vencidas hasta la fecha de la demanda, más los intereses legales de esta cantidad y las costas procesales.

Citada la parte demandada, la misma no compareció en forma al acto del juicio, por lo que fue declarada en rebeldía.

Segundo. Establece el artículo 442 de la Ley de Enjuiciamiento Civil para el juicio verbal que al demandado que no comparezca al acto de la vista se le declarará en rebeldía y, sin volver a citarlo, continuará el juicio su curso.

La declaración de rebeldía no supone ni un allanamiento tácito ni un reconocimiento de los hechos alegados por la parte actora, sino que el juicio continúa su curso entendiéndose que el demandado niega los hechos, salvo que exista una norma especial que disponga otra cosa al respecto, y sin perjuicio de lo establecido para la práctica de la prueba de interrogatorio del demandado, en la que pueden entenderse admitidos los hechos del interrogatorio si el demandado no asiste estando debidamente citado (artículos 440 y 304 de la Ley de Enjuiciamiento Civil).

Consecuencia de todo ello es que en caso de rebeldía del demandado, el actor sigue teniendo la carga procesal de probar los hechos en que fundamenta sus pretensiones, salvo disposición en contrario.

Precisamente para el juicio de desahucio existe norma especial en caso de rebeldía del demandado, pues el artículo 440.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil prevé que, en caso de no comparecer el demandado a la vista, se declarará el desahucio sin más trámites.

Tercero. En el presente caso el demandado fue citado en legal forma y no compareció al acto del juicio, por lo que fue declarado en rebeldía; conforme a lo previsto en el artículo 440.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y atendiendo a la documental aportada con la demanda, procede decretar el desahucio, resolviendo el contrato de arrendamiento, ordenando a la parte demandada el desalojo de la finca dentro del plazo de un mes desde la firmeza de esta sentencia, conforme a lo dispuesto por el art. 704 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, no apreciándose la necesidad de otorgar un plazo más amplio, y con apercibimiento de que, en caso de no desalojar el inmueble en ese plazo, se procederá de inmediato a su lanzamiento.

En cuanto a las rentas reclamadas por la parte actora, correspondientes a los meses de marzo a junio y parte de febrero de 2009, así como las que se devenguen hasta el completo desalojo de la vivienda, atendida la prueba practicada consistente en documental, procede la estimación de tal pretensión, condenando al demandado al pago de 2.470,28 € por las rentas vencidas hasta la presentación de la demanda, así como al pago de las que se devenguen en lo sucesivo hasta el completo desalojo de la finca. Actualizada la cifra debida en el juicio lo reclamado asciende a 5.345,28 €.

Cuarto. En relación a los intereses reclamados, al no haber pacto expreso de las partes sobre los mismos, son de aplicación los artículos 1.100, 1.101 y 1.108 del Código Civil, por lo que al principal reclamado se le aplicará el interés legal del dinero.

Además, conforme a lo previsto en el artículo 576 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, a estas cantidades le serán de aplicación el interés por mora procesal equivalente al interés legal del dinero incrementado en dos puntos desde el momento en que se dicte esta sentencia.

Quinto. Establece el artículo 394 de la Ley de Enjuiciamiento Civil que en los procesos declarativos, las costas de la primera instancia se impondrán a la parte que haya visto rechazadas todas sus pretensiones, salvo que el tribunal aprecie, y así lo razone, que el caso presentaba serias dudas de hecho o de derecho. Para apreciar, a efectos de condena en costas, que el caso era jurídicamente dudoso se tendrá en cuenta la jurisprudencia recaída en casos similares. Si fuere parcial la estimación o desestimación de las pretensiones, cada parte abonará las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad, a no ser que hubiere méritos para imponerlas a una de ellas por haber litigado con temeridad.

En el presente caso, al estimarse íntegramente las pretensiones del actor, las costas deben imponerse al demandado condenado.

Por todo lo anterior, vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación,

FALLO

Primero. Que debo estimar y estimo íntegramente la demanda de desahucio por falta de pago de la renta presentada por el Procurador Sr. Ruiz Gutiérrez, en nombre y representación de don José Manuel Fernández Ruiz, y en consecuencia, condenar al demandado don Antonio Sánchez Galán y doña Sandra Patilla Rodríguez al desalojo de la finca sita en Avda. de la Calesera, núm. 5, 1.° A, de esta ciudad, antes del transcurso de un mes desde que esta sentencia sea firme, con apercibimiento de que se procederá a su lanzamiento si no abandona la finca antes de esa fecha.

Segundo. Condenar igualmente al demandado don Antonio Sánchez Galán y doña Sandra Patilla Rodríguez al pago de cinco mil trescientos cuarenta y cinco euros y veintiocho céntimos -5.345,28 €- así como al pago de las que se devenguen hasta el completo desalojo de la vivienda y los intereses de estas cantidades conforme a lo establecido en el Fundamento de Derecho Cuarto.

Tercero. Imponer las costas ocasionadas en el presente procedimiento al demandado.

Notifíquese esta sentencia a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe recurso de apelación para ante la Ilma. Audiencia Provincial de Sevilla, que deberá prepararse ante este mismo Juzgado en el plazo de cinco días.

Así por esta mi sentencia definitivamente juzgando en primera instancia, lo acuerdo, mando y firmo

Publicación. Dada, leída y publicada ha sido la anterior sentencia por la Ilma. Sra. Magistrada Juez que la dicta, celebrando audiencia pública en el día de la fecha. De todo ello doy fe.

Y como consecuencia del ignorado paradero de doña Sandra Patilla Rodríguez y don Antonio Sánchez Galán, se extiende la presente para que sirva de cédula de notificación.

Sevilla, 18 de marzo de 2010.- El/La Secretario Judicial.

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