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Vista la solicitud de fecha 11 de septiembre de 2012 presentada por don Rafael Serrano Aguilar, por la que tras el cese en el cargo de Gerente de la Universidad Pablo de Olavide considera conveniente renunciar a su designación como Presidente Titular de los órganos de distintas convocatorias de promoción interna del Personal de Administración y Servicios de esta Universidad, este Rectorado en uso de las competencias que le están atribuidas
ha RESUELTO
Primero. Aceptar la renuncia solicitada por don Rafael Serrano Aguilar como Presidente Titular del Tribunal Calificador de las pruebas selectivas para el ingreso en la Escala Facultativa de Archivos, Bibliotecas y Museos, en la Escala Superior de Sistemas y Tecnología de la Información y en la Escala Superior de Técnicos de Administración de la Universidad Pablo de Olavide, convocadas por Resolución de 7 de noviembre de 2011 (BOJA núm. 233, de 28 de noviembre); asimismo, se acepta su renuncia como Presidente Titular del Tribunal Calificador de las pruebas selectivas para el ingreso en la Escala de Gestión de la Universidad Pablo de Olavide, convocadas por Resolución de 7 de noviembre de 2011 (BOJA núm. 234, de 29 de noviembre).
Segundo. Designar a don Fernando Contreras Ibáñez, en su condición de Gerente de la Universidad Pablo de Olavide, como Presidente Titular del Tribunal Calificador de las pruebas selectivas para el ingreso en la Escala Facultativa de Archivos, Bibliotecas y Museos, en la Escala Superior de Sistemas y Tecnología de la Información y en la Escala Superior de Técnicos de Administración de la Universidad Pablo de Olavide, convocadas por Resolución de 7 de noviembre de 2011 (BOJA núm. 233, de 28 de noviembre); asimismo, se le designa como Presidente Titular del Tribunal Calificador de las pruebas selectivas para el ingreso en la Escala de Gestión de la Universidad Pablo de Olavide, convocadas por Resolución de 7 de noviembre de 2011 (BOJA núm. 234, de 29 de noviembre).
Contra esta Resolución podrá interponerse por los interesados recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente al de su notificación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, de conformidad con el artículo 8.3 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (BOE de 14 de julio), sin perjuicio de que potestativamente se pueda presentar recurso de reposición contra esta Resolución, en el plazo de un mes, ante el mismo órgano que la dicta, en cuyo caso no cabrá interponer el recurso contencioso-administrativo anteriormente citado en tanto recaiga resolución expresa o presunta del recurso de reposición, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 116 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Sevilla, 3 de octubre de 2012.- El Rector, Vicente C. Guzmán Fluja.
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