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Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 227/2017. Negociado: I.
NIG: 4109144S20150006355.
De: Don José Antonio Jiménez García.
Abogado: José Rojas Sánchez.
Contra: Falcon Contratas y Seguridad, S.A., y otros, Fogasa, ADIF y Segur Ibérica, S.A.
Abogado: Alonso Heraclio Gómez Rosado.
EDICTO
Doña Araceli Gómez Blanco, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número Cinco de Sevilla.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 227/2017 a instancia de la parte actora don José Antonio Jiménez García contra Falcón Contratas y Seguridad, S.A., y otros, Fogasa, ADIF y Segur Ibérica, S.A., sobre ejecución de títulos judiciales, se ha dictado resolucion del tenor literal siguiente:
DECRETO 56/18
Letrada de la Administración de Justicia, doña Araceli Gómez Blanco.
En Sevilla, a dieciséis de enero de dos mil dieciocho.
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero. José Antonio Jiménez Garcí ha presentado demanda de ejecución frente a Falcón Contratas y Seguridad, S.A., y otros.
Segundo. Se ha dictado auto despachando ejecución en fecha 14 de diciembre de 2017 por un total de 6.590,41 euros de principal más la cantidad de 1.318,08 euros presupuestados para intereses y costas.
Tercero. No se han encontrado bienes susceptibles de traba y se ha dado la preceptiva audiencia al Fondo de Garantía Salarial.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Único. Disponen los arts. 250 y 276 de la LRJS que de no tenerse conocimiento de la existencia de bienes suficientes del ejecutado en los que hacer traba y embargo, se practicarán las averiguaciones procedentes y de ser infructuosas, total o parcialmente, el/la Letrado/a de la Administración de Justicia de la ejecución dictará decreto de insolvencia tras oír al Fondo de Garantía Salarial y a la parte actora.
Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,
PARTE DISPOSITIVA
ACUERDO
Declarar a los ejecutados Falcón Contratas y Seguridad, S.A., y otros en situación de insolvencia total por importe de 6.590,41 euros de principal más la cantidad de 1.318,08 euros presupuestados para intereses y costas, insolvencia que se entenderá a todos los efectos como provisional. Archívese el presente procedimiento y dése de baja en los libros correspondientes.
Notifíquese la presente resolución.
Modo de impugnación: Contra la presente resolución cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse ante quien dicta la resolución en el plazo de tres días hábiles siguientes a la notificación de la misma, con expresión de la infracción cometida en la misma a juicio del recurrente, art. 188 LRJS. El recurrente que no tenga la condición de trabajador o beneficiario de régimen público de la Seguridad Social deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros, en el núm. de cuenta de este Juzgado, debiendo indicar en el campo concepto la indicación recurso seguida del código «31 Social-Revisión». Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio con la indicación «recurso» seguida del «código 31 Social-Revisión». Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos de la misma o distinta clase indicando en el campo de observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando el formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su abono, en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las Entidades Locales y los Organismos Autónomos dependientes de ellos.
El/La Letrado/a de la Administración de Justicia.
Y para que sirva de notificación al demandado Falcón Contratas y Seguridad, S.A., y otros, actualmente en paradero desconocido, expido el presente para su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.
En Sevilla, a veintidós de enero de dos mil dieciocho.- El/La Letrado/a de la Administración de Justicia.
«En relación a los datos de carácter personal, sobre su confidencialidad y prohibición de transmisión o comunicación por cualquier medio o procedimiento, deberán ser tratados exclusivamente para los fines propios de la Administración de Justicia (ex Ley Orgánica 15/99, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal),.»
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