Boletín Oficial de la Junta de Andalucía - Histórico del BOJA Boletín número 82 de 03/05/2022

El Pleno del Parlamento, el día 6 de abril de 2022, ha aprobado las resoluciones contenidas en el Dictamen de la Comisión de Hacienda y Financiación Europea sobre el Informe de Fiscalización de la Cuenta General de la Junta de Andalucía, correspondiente al ejercicio 2020 (expediente núm. 11-21/ICG-000002), cuyos textos se insertan a continuación:

1. El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno a:

1.º Proveer a todos los organismos de una política de seguridad, comité de seguridad y responsable de seguridad, y a continuar avanzando en la madurez de procesos tales como el análisis de riesgos y el proceso de certificación ENS (Esquema Nacional de Seguridad) de los sistemas de los organismos y entidades de la Junta de Andalucía.

2.º Seguir mejorando el informe de evaluación de impacto de género, en aras de mejorar la calidad de los análisis contenidos en el mismo, así como su posible reducción. Igualmente, incluir las conclusiones de los seguimientos de las recomendaciones de las auditorías de presupuesto y género en la planificación presupuestaria, así como la definición de los objetivos y de los indicadores de género, de forma que éstos sean precisos y claros, y no se limiten a desagregar por sexo.

3.º Continuar revisando la metodología de enunciación y seguimiento de los programas presupuestarios, de modo que sean útiles para proyectar las políticas presupuestarias desde el punto de vista funcional. En este sentido, sería necesario seguir avanzando en la mejora de la definición de los objetivos, actividades y, sobre todo, indicadores, de forma que fueran más precisos, que existiera una clara correlación entre objetivos e indicadores, que la cuantificación de las previsiones se realizara de forma realista y soportada, así como que su seguimiento permitiera la medición tanto de la eficacia como de la economía.

2. El Parlamento de Andalucía valora positivamente las medidas adoptadas para la disminución de los saldos de los libramientos pendientes de justificar en el ejercicio 2020. Por ello, se insta al Consejo de Gobierno a continuar con la labor de reducción de saldos de libramientos pendientes de justificar, principalmente de aquellos que presentan una antigüedad elevada, procediendo, en su caso, al reintegro de las cantidades no justificadas debidamente, con la finalidad de minimizar el riesgo de prescripción de los posibles reintegros y de caducidad de los ya iniciados.

3. El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno a:

1.º Seguir depurando los saldos de los derechos pendientes de cobro de ejercicios anteriores, cuyo saldo a fin del ejercicio 2020 es de 2.184,53 M€ (de los que 969,19 M€ proceden de ejercicios anteriores a 2016), de manera que figuren registrados los que supongan realmente derechos a favor de la Hacienda Pública de Andalucía.

2.º Mejorar los módulos de seguimiento contable de los gastos con financiación afectada, completándose la información con la correspondiente al endeudamiento a largo plazo.

3.º Seguir profundizando en la revisión de la normativa reguladora del contenido de la Cuenta General, como ya se hiciera con las modificaciones introducidas por la Ley 3/2020, de 28 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2021, con el fin de evitar la dispersión y atomización de la información, así como de favorecer la armonización y homogenización de la misma.

4.º Continuar con el análisis sobre la mejora cualitativa de los objetivos e indicadores incluidos en las fichas de programa, así como la implementación de las medidas que, a tal efecto, hayan sido adoptadas, de manera que los indicadores permitan evaluar la repercusión que sobre los objetivos pueden tener las modificaciones presupuestarias, siendo necesario justificar en el expediente las razones que permitan valorar el eventual impacto que las modificaciones pudieran tener en los objetivos de gastos de los programas.

5.º Determinar las inversiones de la Junta de Andalucía en entidades que no forman parte del sector público andaluz y en las que la Junta de Andalucía participa de forma indirecta a través sus entidades dependientes.

6.º Seguir impulsando los procesos de extinción de los consorcios y fundaciones que se encuentran sin actividad y la modificación de los estatutos de aquellos otros en los que la Junta de Andalucía tenga participación, ya que la adscripción de los mismos a una u otra Administración supone el sometimiento a un régimen jurídico distinto.

4. El Parlamento de Andalucía manifiesta su apoyo a la voluntad expresada por la Cámara de Cuentas de Andalucía de trasladar la obligatoriedad y establecer medidas de penalización, para que la información presupuestaria y las cuentas anuales de todas las entidades que forman parte del sector público andaluz sean presentadas en plazo y de una manera homogénea. Es imposible concebir la transparencia de la Administración si existen partes del propio sector público que no facilitan la información correspondiente.

5. El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno a:

1.º Elaborar una norma autonómica que regule los criterios y procedimientos de elaboración de los estados consolidados.

2.º Ampliar y perfeccionar los indicadores sobre cambio climático, así como a identificar actuaciones presupuestarias que contribuyan a mitigar y a adaptarse a sus efectos.

3.º Aprobar una norma que determine y justifique las cuentas de extrapresupuestaria que deban conformar los apartados relativos a operaciones no presupuestarias del remanente de Tesorería de la Junta de Andalucía, sus agencias administrativas y agencias de régimen especial, en consonancia con lo establecido para la Administración general del Estado y para las entidades locales en sus planes e instrucciones de contabilidad, con el fin de que el contenido y cálculo de la mencionada magnitud sea normalizado, fiable y razonado.

4.º Contabilizar en un servicio diferenciado los gastos financiados con la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia.

5.º Continuar con los procedimientos de ejecución de cuantos derechos le sean inherentes a la agencia Idea, así como a la materialización de las garantías ofrecidas por las empresas para cubrir el riesgo de la operación avalada, que, según la normativa, debería ser suficiente para cubrir el riesgo asumido por la entidad.

6.º Adoptar, por parte de los distintos órganos implicados, todas las medidas normativas y las mejoras de procedimientos pertinentes en materia de recuperación de cantidades derivadas de los quebrantos de avales. Asimismo, se considera necesaria la implantación de la totalidad de las medidas y mecanismos de coordinación previstos, con el fin de evitar las discrepancias en las líneas de actuación a seguir por los diferentes órganos gestores.

6. El Parlamento de Andalucía, en aras a promover una mejor Administración pública autonómica, más eficaz, eficiente y transparente, insta al Consejo de Gobierno a seguir impulsando los cambios normativos necesarios que permitan avanzar en el correcto cumplimiento de las recomendaciones recogidas en el Informe de Fiscalización de la Cuenta General correspondiente al ejercicio de 2020, emitido por la Cámara de Cuentas de Andalucía, y valora positivamente que a lo largo del ejercicio 2020, y pese a la irrupción de la pandemia en marzo de dichos ejercicios y de sus efectos sobre el normal funcionamiento de las administraciones, y de la necesidad de fijar la prioridad en actuaciones para mitigar los efectos de la crisis económica, social y sanitaria, se haya asumido por parte de la Junta de Andalucía el 60% de las recomendaciones aprobadas por este Parlamento respecto al informe de 2019, a lo que hay que sumar el 86% de las recomendaciones sobre el año 2018.

7. El Parlamento de Andalucía valora positivamente:

1.º La mejora de la información económica, financiera y presupuestaria publicada en el Portal de Transparencia de la Junta de Andalucía e insta al Consejo de Gobierno a seguir revisando y completando dicha información.

2.º La atención al cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera en el ejercicio 2020, circunstancia que ha permitido mejorar la posición financiera de la Comunidad, tal y como refleja el informe de referencia, e insta al Consejo de Gobierno a seguir gestionando desde el rigor y la responsabilidad, con la finalidad de mantener saneadas las cuentas públicas y restablecer la buena imagen de Andalucía.

8. El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno a avanzar en el desarrollo de actuaciones de transformación digital en toda la organización, así como a intensificar la atención a las recomendaciones de la Cámara de Cuentas en el área de ciberseguridad y protección de datos, con la finalidad de mejorar la adaptación a lo establecido en el Esquema Nacional de Seguridad, en el ámbito de la administración electrónica (ENS).

9. El Parlamento de Andalucía valora positivamente:

1.º La nueva redacción de los artículos 105 y 106 del TRLGHP, introducidos tras la aprobación de la Ley 3/2020, de 18 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma para el año 2021, que mejora, tal y como recomienda la Cámara de Cuentas, el contenido de la Cuenta General, en aras de evitar la dispersión y atomización de la información y las discrepancias entre el TRLGHP, la orden de contabilidad pública y la Cuenta General rendida, favoreciendo la armonización y la homogeneización de la misma.

2.º Las medidas adoptadas por el Consejo de Gobierno para impulsar, en el ámbito de la regulación contable de la Comunidad Autónoma de Andalucía, un procedimiento de consolidación contable para los entes integrantes del sector público andaluz.

10. El Parlamento de Andalucía recomienda al Consejo de Gobierno continuar revisando la metodología de enunciación y seguimiento de los programas presupuestarios, de modo que sean útiles para proyectar las políticas presupuestarias desde el punto de vista funcional.

11. El Parlamento de Andalucía valora positivamente:

1.º La introducción, desde el ejercicio 2019, de indicadores sobre el cambio climático y la ampliación que han tenido en 2020 y 2021 e insta al Consejo de Gobierno a continuar perfeccionándolos, así como a identificar actuaciones presupuestarias que contribuyan a mitigar y a adaptarse a sus efectos.

2.º Los trabajos realizados desde el ejercicio 2019, para revisar, depurar y actualizar la información que contiene el Inventario General de Bienes y Derechos, así como poner en valor y ordenar el patrimonio de la Comunidad, habida cuenta del desastroso estado en que se encontraba y que fue evidenciado por el Informe de Fiscalización CO 03/2018.

12. Asimismo, el Parlamento de Andalucía valora de manera positiva la aprobación por el Consejo de Gobierno del Decreto-ley 1/2020, de 10 de febrero, para el impulso del proceso de justificación, comprobación, adecuación de la información contable y reintegro de los libramientos con justificación posterior, que ha permitido acelerar los procedimientos de justificación, realizar una revisión y depuración de los importes pendientes de justificar y evitar posibles prescripciones y la pérdida de ingresos por reintegros. Incidiendo, además, tal como ha recomendado de forma reiterada la Cámara de Cuentas, tanto en sus informes específicos como en los relativos a la Cuenta General, en la mejora de los procedimientos de control y la gestión de los mismos, para propiciar el cumplimiento de la obligación de justificación de los beneficiarios y en la agilización de las comprobaciones por los órganos gestores de la documentación justificativa. Todo ello ha permitido reducir en el ejercicio 2019 y 2020 los libramientos pendientes de justificar desde los 1.493 millones de euros en consejerías y agencias, registrados al cierre de 2018, hasta los 1.066 millones al cierre de 2020, una reducción de 427 millones en términos absolutos, un 28%.

13. En el mismo sentido, el Parlamento de Andalucía valora positivamente la gestión del Consejo de Gobierno durante los años 2019 y 2020 sobre la recaudación y depuración de los derechos pendientes de cobro, habida cuenta que, tal y como recoge el Informe de Fiscalización a 31 de diciembre 2018, el montante de derechos pendientes de cobro ascendía a 2.948 millones de euros, quedando pendientes de cobro, a fin del ejercicio 2020, 2.184 millones, logrando una reducción de 764 millones, es decir, el 26%, atendiendo a las recomendaciones emanadas por la Cámara de Cuentas sobre la necesidad de mejorar la recaudación o, en su caso, la depuración.

14. El Parlamento de Andalucía considera muy negativo el fracaso de la política de avales a empresas llevada a cabo por el Gobierno socialista andaluz, dado el alto índice de ejecuciones de aval por fallidos concedidos por la agencia Idea, acumulando, al cierre de 2020, 119 millones de euros, tal y como constata el Informe de Fiscalización de referencia, y valora positivamente las actuaciones implementadas por el Consejo de Gobierno para la mejora del apoyo financiero a las empresas, y la aprobación de la Orden de 23 de septiembre de 2019, por la que se regulan los procedimientos, las condiciones de concesión y otros aspectos de la gestión de las operaciones financieras de activo y de las garantías de la Administración de la Junta de Andalucía y de las entidades vinculadas o dependientes de la misma, de manera que, a partir de su aprobación, estas operaciones se rijan por los principios de publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, eficacia, eficiencia, no discriminación e igualdad y confidencialidad en relación con los datos económico-financieros de las destinatarias de las operaciones, fomentando el acceso igualitario a los recursos financieros, principios que no se contemplaban por el anterior Gobierno, así como la regulación para la gestión de recuperaciones y de los ingresos y cobros que resulten de dichas operaciones, y la creación de una base de datos de las mismas.

15. El Parlamento de Andalucía acuerda instar al Consejo de Gobierno a:

1.º Mejorar y completar la información económica del Portal de Transparencia, con el objetivo de dar una información más completa al conjunto de la ciudadanía.

2.º Cumplir con el artículo 3.3 de la Ley 12/2007, de 19 de diciembre, de Promoción de Igualdad de Género en Andalucía, para guardar una representación equilibrada en la presencia de mujeres y hombres en los órganos colegiados y órganos de dirección, de forma que, en el conjunto de personas a que se refiera, cada sexo ni supere el sesenta por ciento ni sea menos del cuarenta por ciento.

16. El Parlamento de Andalucía acuerda instar al Consejo de Gobierno a la puesta en marcha del Plan Estratégico para la Igualdad de Mujeres y Hombres, según establece el artículo 7 de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la Promoción de la Igualdad de Género en Andalucía.

17. Asimismo, el Parlamento de Andalucía acuerda instar al Consejo de Gobierno a que se tomen las medidas oportunas para que las distintas agencias públicas empresariales y sociedades mercantiles envíen en tiempo y forma la remisión de la documentación para la formulación de la Cuenta General.

18. De la misma forma, el Parlamento de Andalucía acuerda instar a que el Consejo de Gobierno lleve a cabo los trabajos necesarios para implantar el Registro Contable de Facturas, que incluya a todas las entidades que integran el sector público y que legalmente tengan la consideración de Administración pública, a efectos de la Ley de Contratos del Sector Público.

19. El Parlamento de Andalucía acuerda instar al Consejo de Gobierno a:

1.º Adoptar medidas que permitan la disminución de los saldos de los libramientos pendientes de justificar, principalmente de aquellos que presentan una antigüedad elevada, así como a depurar los saldos de los derechos pendientes de cobro de ejercicios anteriores, de manera que figuren registrados los que supongan realmente derechos a favor de la Hacienda Pública de Andalucía.

2.º Aprobar una norma que determine y justifique las cuentas de extrapresupuestaria que deban conformar los apartados relativos a operaciones no presupuestarias del remanente de Tesorería.

3.º Mejorar los módulos de seguimiento de los gastos con financiación afectada.

4.º Revisar la normativa reguladora del contenido de la Cuenta General, en aras de evitar la dispersión y atomización de la información y las discrepancias entre el TRLGHP, la orden de contabilidad pública y la Cuenta General rendida, así como de favorecer la armonización y homogeneización de la misma.

5.º Realizar una evaluación de la estimación de los efectos o impacto de la pandemia COVID-19 sobre la actividad de la Junta de Andalucía, de forma que los estados financieros proporcionen información adecuada y específica sobre tal impacto.

6.º Analizar en profundidad la repercusión de las modificaciones presupuestarias y cualquier otra circunstancia que se produzca a lo largo del ejercicio presupuestario y mejorar la gestión de los créditos incorporados del ejercicio anterior.

7.º Elaborar, por parte de la entidad gestora del FEyDE, una guía de carácter general que detalle todas las opciones de financiación, los objetivos y destinatarios a las que van dirigidas, y los instrumentos financieros creados para tal fin.

20. El Parlamento de Andalucía acuerda instar al Consejo de Gobierno, para que la Consejería de Hacienda conozca y exija de sus entidades dependientes el cumplimiento riguroso de la normativa que obliga a comunicar las participaciones directas e indirectas y sus modificaciones en cualquier tipo de entidad público o privada, y con ello permitir salvar las dificultades para conocer o determinar la dimensión de este ámbito y estimar el valor patrimonial que representa para la Junta de Andalucía.

21. El Parlamento de Andalucía acuerda instar al Consejo de Gobierno, para que el Servicio Andaluz de Empleo apruebe el plan de acción anual, tal como disponen los estatutos de esta agencia.

22. En el mismo sentido, el Parlamento de Andalucía acuerda instar al Consejo de Gobierno a:

1.º Continuar con el análisis iniciado por la Intervención General de la Junta de Andalucía en 2017, al objeto de concluir si determinadas fundaciones cumplen los criterios de adscripción a una Administración pública que establece el artículo 129 de la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público, en aras de elaborar un censo de entidades que deben adscribirse a la Administración de la Junta de Andalucía.

2.º Impulsar la modificación de los estatutos de aquellos consorcios en los que la Junta de Andalucía tenga participación, ya que la adscripción de los mismos a una u otra Administración supone el sometimiento a un régimen jurídico (presupuestario, contable, de patrimonio, personal y control) distinto. Así mismo, la creación del censo de entidades al que alude la disposición adicional vigésima de la Ley 5/2017.

3.º Articular mecanismos para cumplir y hacer cumplir las recomendaciones incluidas en el Informe de la Cámara de Cuentas, con la finalidad de que tanto las limitaciones de alcance, incumplimientos, incorrecciones y otras deficiencias detectadas sean corregidas en el futuro.

4.º Cumplir con las recomendaciones del Parlamento recogidas en las propuestas de resolución relativas al Informe Anual de la Cámara de Cuentas, relativo a la Fiscalización de la Cuenta General y los Fondos de Compensación Interterritorial.

23. El Parlamento de Andalucía manifiesta su apoyo a la voluntad expresada por la Cámara de Cuentas de Andalucía de acelerar los plazos para la rendición de la Cuenta General y se muestra dispuesto a emprender las modificaciones necesarias en la legislación vigente.

24. El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno a:

1.º Continuar el proceso de revisión de la información económica, financiera y presupuestaria publicada en el Portal de Transparencia de la Junta de Andalucía, y, en particular, ofrecer de forma clara y específica el gasto de publicidad, su desglose por ejercicio, las campañas realizadas y el gasto por campaña publicitaria.

2.º Cumplir las recomendaciones de la Cámara de Cuentas. De las 40 recomendaciones del Informe de Fiscalización de 2019, sólo cuatro se han aplicado total o sustancialmente, y 36 o no se han implantado o sólo lo han hecho parcialmente.

3.º Implantar medidas para que todos los organismos de la Junta de Andalucía dispongan de política de seguridad, comité de seguridad y responsable de seguridad, y avanzar en el análisis de riesgos y el proceso de certificación ENS, dado el bajo grado de ejecución de los hitos del plan de acción 2019-2020.

4.º Corregir la situación negativa de los planes de igualdad entre mujeres y hombres. En el ejercicio 2020 no se encontraba vigente ningún plan, y tampoco existían planes en todas las consejerías, incumpliéndose la ley.

5.º Elaborar cada año el informe previsto en la ley en relación con el grado de ejecución de los créditos relacionados con los indicadores de cambio climático.

6.º Corregir los incumplimientos relativos a la presentación de sus cuentas anuales de las entidades agencia Idea, SOLAND, Venture Invercaria, INVERSEED, APESHP, EPGASA, Sandetel y Soprea, y en su relación con esta última, el Parque de Innovación Empresarial Sanlúcar la Mayor y el Parque Tecnológico y Aeronáutico de Andalucía.

7.º Dar respuesta a la reclamación de que la Intervención General sea la que asuma las responsabilidades de auditoría de las fundaciones del sector público andaluz que, según su normativa específica, están obligadas a auditarse y que son asumidas por empresas privadas, participando de una opinión y una responsabilidad que no les corresponde, según el TRLGHP.

8.º Completar y dar cuenta de los trabajos del Plan de Auditorías de Presupuesto y Género (APG) 2018-2020.

9.º Proponer un proyecto de ley que regule los procedimientos de elaboración de los estados consolidados, al constatar el Informe que existen estados de la Cuenta General que presentan importantes discrepancias metodológicas sobre el proceso de consolidación.

10.º Depurar los saldos de los derechos pendientes de cobro de ejercicios anteriores e implantar el cálculo automático de la dotación de provisiones de dudoso cobro.

11.º Proporcionar normas para determinar y justificar las cuentas extrapresupuestarias que forman parte de las operaciones no presupuestarias del remanente de Tesorería de la Junta de Andalucía, de sus agencias administrativas y de sus agencias de régimen especial, para su imputación al presupuesto.

12.º Mejorar significativamente el seguimiento de los gastos con financiación afectada, especialmente los derivados del endeudamiento a largo plazo.

13.º Revisar la metodología de definición y seguimiento de los programas presupuestarios, para que sean útiles para evaluar las diferentes políticas. Mejorar la correlación entre objetivos e indicadores y usar previsiones realistas, permitiendo un adecuado seguimiento.

14.º Incrementar el grado de cumplimiento de los programas tal y como son presupuestados, disminuyendo los cambios y realizando, además, una adecuada valoración del impacto de las modificaciones presupuestarias sobre los objetivos de gasto del presupuesto, cumpliendo así la ley.

15.º Mejorar e impulsar la gestión de los créditos incorporados del ejercicio anterior, tratándose, en la mayor parte de los casos, de créditos financiados con fondos finalistas.

16.º Posibilitar la implantación de un registro contable de facturas que incluya todas las entidades encuadrables dentro del sector público.

17.º Acordar evaluaciones periódicas e independientes de la gestión y eficacia del Fondo Empresarial y de Desarrollo Económico FEyDE.

18.º Tomar medidas para recuperar los resultados positivos que tradicionalmente tenían las empresas del sector público, en particular tras las dificultades que han sufrido durante la pandemia de COVID.

19.º Continuar con la extinción de los consorcios y fundaciones que se encuentran sin actividad y la modificación de los estatutos de aquellos otros en los que la Junta de Andalucía tenga participación.

20.º Tomar medidas para conocer las inversiones de la Junta de Andalucía en entidades que no forman parte del sector público andaluz, a través de sus entidades dependientes.

21.º Corregir el aumento de los libramientos pendientes de justificar fuera de plazo, que alcanzan en el ejercicio los 1.065 M€, tras un enorme aumento de éstos en el ámbito del sector instrumental.

22.º Tomar medidas para reducir el periodo medio de pago de la Junta de Andalucía, que en 2020 ha subido hasta 17,3 días, frente a 15,4 días del año anterior.

23.º Mejorar los porcentajes de ejecución del gasto presupuestario. Menos de un 95% en 2020, que siguen sin presentar mejoras respecto a ejercicios anteriores.

24.º Ofrecer una estimación de la liquidación de las entregas a cuenta del Gobierno de España en el ejercicio 2020, especialmente en lo que toca a IRPF e IVA. Estas entregas aumentaron el 2020 un 6,5%, hasta casi 21.000 M€, de los que casi 1.500 M€ corresponden a la liquidación positiva del ejercicio 2018. Las entregas a cuenta se realizaron según lo previsto, a pesar de la fuerte caída de los ingresos tributarios en IRPF e IVA.

25. El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno a:

1.º Revisar, mejorar y completar la información económica, financiera y presupuestaria publicada en el Portal de Transparencia de la Junta de Andalucía con aquella relativa a los informes de auditoría de control interno realizados por la Intervención General de la Junta de Andalucía, y también la relacionada al gasto de publicidad, su desglose por ejercicio, las campañas realizadas y el gasto por campaña publicitaria.

2.º Proveer a todos los organismos de política de seguridad, comité de seguridad y responsable de seguridad; asimismo, a avanzar en la madurez de procesos tales como el análisis de riesgos y el proceso de certificación ENS de los sistemas de los organismos y entidades de la Junta de Andalucía.

3.º Continuar revisando la metodología de enunciación y seguimiento de los programas presupuestarios, de modo que sean útiles para proyectar las políticas presupuestarias desde el punto de vista funcional. En este sentido, avanzar en la mejora de la definición de los objetivos, actividades y, sobre todo, indicadores, de forma que fueran más precisos, que existiera una clara correlación entre objetivos e indicadores, que la cuantificación de las previsiones se realizara de forma realista y soportada, así como que su seguimiento permitiera la medición tanto de la eficacia como de la economía.

4.º Regular los criterios y procedimientos de elaboración de los estados consolidados.

5.º Adoptar mayores medidas que permitan continuar la disminución de los saldos de los libramientos pendientes de justificar, principalmente de aquellos que presentan una antigüedad elevada, tales como propiciar el cumplimiento de la obligación de justificación de los beneficiarios y agilizar las comprobaciones por los órganos gestores de la documentación justificativa, procediendo, en su caso, al reintegro de las cantidades no justificadas debidamente, con la finalidad de minimizar el riesgo de prescripción de los posibles reintegros y de caducidad de los ya iniciados.

6.º Depurar los saldos de los derechos pendientes de cobro de ejercicios anteriores, cuyo saldo a fin del ejercicio 2020 es de 2.184,53 M€ (de los que 969,19 M€ proceden de ejercicios anteriores a 2016), de manera que figuren registrados los que supongan realmente derechos a favor de la Hacienda Pública de Andalucía.

7.º Implantar el cálculo automático de la dotación de provisiones de dudoso cobro. Asimismo, a perfeccionar los criterios empleados y a recoger los mismos de forma clara en la memoria.

8.º Mejorar los módulos de seguimiento de los gastos con financiación afectada, en especial, aquellos derivados del endeudamiento a largo plazo, teniendo en cuenta el carácter afectado de parte de esta fuente de financiación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 14 de la LOFCA y en el artículo 66 del TRLGHP.

9.º Revisar la normativa del contenido de la Cuenta General, en aras de evitar la dispersión y atomización de la información y las discrepancias entre el TRLGHP, la orden de contabilidad pública y la Cuenta General rendida, así como de favorecer la armonización y homogenización de la misma. En tal sentido, los estados que pudieran integrar la Cuenta General deberían ser fundamentalmente los contemplados en el PGCP-2010, teniendo en cuenta que éste se configura como marco para todas las administraciones públicas. Todo ello facilitaría, además, la elaboración y aplicación de unas normas sobre consolidación.

26. El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno a, en relación con el IGBD, revisar, depurar y actualizar la información que contiene, de modo que redunde en la integridad, exactitud y fiabilidad de sus datos y, por ende, de la cuenta de inmovilizado.

27. Finalmente, el Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno a:

1.º Continuar con el análisis sobre la mejora cualitativa de los objetivos e indicadores incluidos en las fichas de programa, así como la implementación de las medidas que, a tal efecto, hayan sido adoptadas, de manera que los indicadores permitan evaluar la repercusión que sobre los objetivos pueden tener las modificaciones presupuestarias.

2.º Mejorar e impulsar la gestión de los remanentes de créditos incorporados del ejercicio anterior, dada su baja ejecución en el ejercicio 2020, teniendo en cuenta que se trata de créditos financiados con fondos finalistas.

3.º Establecer los mecanismos necesarios para el impulso y seguimiento de los trabajos de depuración, regularización y, en su caso, imputación definitiva al presupuesto de todas estas incidencias, de forma sistemática y diligente.

4.º Corregir, de aquellas agencias públicas empresariales y seis sociedades mercantiles del sector público andaluz, las deficiencias en el periodo medio de pago previsto en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen las medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

5.º Acordar que el órgano de gobierno del FEyDE lleve a cabo evaluaciones periódicas, independientes a la gestión del mismo, sobre la eficacia y eficiencia de las distintas líneas y sublíneas que lo conforman, con especial atención a los recursos personales necesarios, coste y número de operaciones formalizadas, así como a publicar el informe de la IGJA correspondiente al proceso de supervisión continua del mismo establecido en el artículo 96 ter del TRLGHP.

6.º Elaborar, por parte de la entidad gestora del FEyDE, una guía de carácter general que detalle todas las opciones de financiación que el fondo ofrece, los objetivos y destinatarios a las que van dirigidas, así como dar conocimiento de ellas en mesas redondas, con la implicación de colectivos educativos y del mundo empresarial, con el fin de potenciar el papel estratégico del emprendimiento en Andalucía para su desarrollo económico y social.

7.º Impulsar los procesos de extinción de los consorcios y fundaciones que se encuentran sin actividad o que no cumplen ninguna finalidad pública, y la modificación de los estatutos de aquellos otros en los que la Junta de Andalucía tenga participación, ya que la adscripción de los mismos a una u otra Administración supone el sometimiento a un régimen jurídico (presupuestario, contable, de patrimonio, personal y control) distinto. Así mismo, la creación del censo de entidades al que alude la disposición adicional vigésima de la Ley 5/2017 supondría determinar definitivamente la población de consorcios y fundaciones dependientes de la Junta de Andalucía.

8.º Determinar las inversiones de la Junta de Andalucía en entidades que no forman parte del sector público andaluz y en las que la Junta de Andalucía participa de forma indirecta a través sus entidades dependientes. La información ofrecida por estas entidades dependientes no permite estimar el valor patrimonial que estas inversiones representan para la Junta de Andalucía.

9.º Establecer unas pautas, por parte de la IGJA, en relación con los criterios a considerar para el cálculo del indicador de actividad requerido por la normativa contractual para la consideración de una entidad como medio propio personificado.

Sevilla, 6 de abril de 2022.- El Letrado Mayor del Parlamento de Andalucía, Ángel Marrero García-Rojo.

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