¿En casa del herrero, cuchillo de palo? Que las Administraciones Públicas (AAPP) deben dar ejemplo de convivencia cívica en su entorno profesional, con un escrupuloso respeto de los derechos no solo de la ciudadanía, sino también de su personal, no parece que tenga discusión alguna. Como tampoco exige mucha justificación comprender que el ejercicio de la abogacía es una profesión fatigante, pues requiere mucha dedicación, con horarios muy prolongados y una carga emocional (psicosocial) significativa. Si, en un entorno de trabajo se unen ambos factores, organización empleadora pública y servicio jurídico al servicio de esa organización y de la ciudadanía a la que representan la idea de intensa conflictividad y con una relevante deriva psicosocial parecería ser poco acorde con esta visión idealizada. La realidad, sin embargo, nos pone de relieve otra cosa. Una parte relevante de la conflictividad con significación psicosocial de la que venimos dando cuenta en estas páginas se asocia a entidades públicas, sobre todo locales, y, en más de una ocasión, se vincula a conflictividad en relación con los servicios jurídicos (también en especial con quienes ejercen la función de Secretaría de Ayuntamiento -un cuerpo de habilitación nacional-).
La “cultura preventiva” de los conflictos escalables psicosocialmente no parece estar muy extendida. Leíamos recientemente cómo se había producido la dimisión de un alcalde tras la difusión de un vídeo en el que insultaba a una trabajadora municipal, con descalificativos humillantes como "subnormal, retrasada mental y tonta”. Siempre reprobable este estilo de dirigirse a personas empleadas, resulta más sorprendente en un tiempo en el que se ha consensuado una reforma del art. 47 de la Constitución para evitar, entre otras cosas, este tipo de apelaciones. También reflejan entornos “tóxicos” psicosocialmente en organizaciones municipales noticas, aún más recientes, como las relativas a una nueva (enésima) sentencia que declara como laboral las bajas por ansiedad derivadas de ellos.
Una situación de este tipo no es inesperada, más bien al contrario, si se tiene en cuenta lo dilatado en el tiempo de estos conflictos y la ausencia de medidas efectivas por parte de la empleadora municipal para su resolución. Naturalmente, el problema se presenta mucho más agudo cuando se trata de una conflictividad institucional escalable psicosocialmente, pues los conflictos y tensiones proceden al máximo nivel, en muchos casos desde la propia persona que ocupa la posición de alcalde/alcaldesa, enfrentada a una parte del servicio jurídico, incluida la persona que ocupaba la jefatura del servicio de la asesoría jurídica. Judicialmente se ha constatado un proceso de degradación del puesto, al pasar de la jefatura a letrado asesor base. Al igual que se usan las facultades de emanar decretos de la alcandía para destituir a otras letradas asesoras, arrastrado su puesto, dado que estaba interina, por la degradación de la jefatura.
En estos escenarios de máxima y continuada conflictividad no es de extrañar que se produzcan las bajas laborales y que se reclamen judicialmente, para lograr que se califiquen como profesionales o laborales, lo que sucede con cierta frecuencia. En este caso, la sentencia vuelve a reprobar la actitud de una alcaldesa contra una parte de las personas que ejercen la abogacía en el servicio jurídico de su Ayuntamiento. Sin entrar en las derivaciones jurídicas de estas situaciones, aquí damos cuenta de ellas para poner el acento, una vez más, en la necesidad de proveer herramientas preventivas eficaces en el seno de las organizaciones de trabajo público, incluidas las técnicas preventivas basadas en las competencias comunicativas y en la resolución de conflictos de todo tipo en el seno de aquéllas, unas de las herramientas más modernas preventivas establecidas en la LPRL y en su norma reglamentaria de desarrollo. No solo ahorraría sufrimiento sino también generaría eficiencia en la gestión pública, dos valores en los que debemos estar siempre empeñados o comprometidos.
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