Dos personas se dan la mano como muestra de acuerdo.
La consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco, ha avanzado que su departamento está ya trabajando en un borrador para reformar la Ley del Consejo Andaluz de Relaciones Laborales (CARL), que supondrá una actualización de la norma vigente, fechada en junio de 1983.
En comisión parlamentaria, Rocío Blanco ha explicado que está previsto presentar el referido borrador para su discusión en la Comisión Permanente del CARL que se celebrará el próximo mes de junio y que, una vez sometido a la valoración y aportaciones del Comité, iniciará presumiblemente su tramitación.
A juicio de la consejera, el resultado "debe ser una Ley que responda al diálogo social para la consecución de los objetivos que pretendemos para Andalucía", así como "un modelo participativo y de consenso que venga a sumar a las políticas de empleo de este Gobierno, y que promueva la modernización y actualización de nuestro sistema andaluz de relaciones laborales, al tiempo que dé impulso a las empresas y a los derechos de los trabajadores".
Como ha explicado Rocío Blanco, el CARL es uno de los órganos más longevos de la estructura administrativa de la Junta de Andalucía, cuya ley fundacional se remonta al 27 de junio de 1983, siendo la octava de las leyes aprobadas por el Parlamento de Andalucía en su primera Legislatura.
En 40 años de existencia, el CARL "ha desarrollado de manera encomiable sus principales funciones", tanto impulsando la negociación colectiva como fomentando la mediación y el arbitraje en los conflictos colectivos de trabajo, competencia que viene desempeñando a través del Sistema Extrajudicial de Resolución de Conflictos laborales de Andalucía (Sercla). Como resultado, se ha obtenido la firma de casi 30.000 convenios colectivos, que han dado cobertura a 130 millones de contratos de trabajo, y el ahorro al sistema productivo andaluz de casi 50 millones de horas de huelga, que habrían supuesto un coste superior a los 800 millones de euros.
Así las cosas, Rocío Blanco ha incidido en que la evolución que ha experimentado el CARL desde su puesta en marcha no ha tenido reflejo en su ley de creación, que no ha sufrido modificación alguna desde su aprobación. Esto, ha señalado, "ha implicado que competencias inicialmente previstas hayan quedado obsoletas, mientras que otras propias hayan sido asumidas por la Consejería de Empleo como autoridad laboral o por otros órganos como el Consejo Económico y Social (CES)".
Además, ha justificado la reforma de la ley, dado que actualmente "existe cierta dispersión normativa que añade nuevas competencias al Consejo, como la Ley del Trabajo Autónomo, que establece el Registro de Asociaciones del Trabajo Autónomo en este órgano, o el reciente Registro de Acuerdos de Interés Profesional".
Por tanto, Rocío Blanco sostiene que, a fin de dotar a este órgano de las garantías jurídicas necesarias para ejercer sus funciones, "se hace necesario abordar una reforma de la Ley que relance la relación entre las organizaciones sindicales y empresariales, y el CARL, reconociendo su carácter tripartito y colegiado, al mismo tiempo que su impronta indiscutible de administración pública prestadora de servicios".
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