La consejera de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, ha informado hoy de la futura Ley de los Derechos y la Atención a las Personas con Discapacidad durante la celebración del Consejo del Real Patronato sobre Discapacidad, presidido por la Reina Letizia.
Sánchez Rubio ha destacado que esta norma, cuyo anteproyecto está aprobado por el Consejo de Gobierno, tendrá como principales objetivos primar la garantía de derechos más allá del enfoque asistencial, con especial atención a mujeres y menores; priorizar las políticas de empleo dirigidas a la igualdad de oportunidades, y garantizar la accesibilidad universal en sanidad, educación, vivienda, ocio, formación o servicios sociales.
El anteproyecto obliga a la Administración a elaborar un plan específico de empleo para este colectivo en el que se incluye la reserva de un 5% de determinados contratos públicos de la Junta a centros especiales de empleo, la reserva para personas con discapacidad del 3% de las plazas de los cursos de formación y de, al menos, el 5% de las plazas en los programas de escuelas taller, casas de oficio y talleres de empleo. Estos centros especiales de empleo son claves en la inserción laboral de un colectivo que en Andalucía suma más de 700.000 personas, el 61% mujeres.
La consejera ha señalado que la futura Ley pondrá el énfasis en la autodeterminación y en la capacitación de las personas con discapacidad; en la vida independiente, en el enfoque de género, así como en la necesaria accesibilidad universal y prestación de apoyos individualizados cuando sean necesarios.
Igualmente, la titular de Igualdad y Políticas Sociales ha informado del Pacto Andaluz por la Accesibilidad, al que hay adheridos 131 ayuntamientos y a cuyo personal se está realizando formación on line gratuita sobre edificación y urbanismo accesible, así como atención a las personas con discapacidad en el uso de los transportes públicos. En el próximo Marco comunitario de fondos estructurales, Andalucía participa con un proyecto FEDER para conceder ayudas a Corporaciones Locales para eliminar barreras arquitectónicas en infraestructuras sociales.
Además, en el marco del Consejo del Real Patronato sobre Discapacidad, Sánchez Rubio ha reclamado información al Gobierno central sobre los Estudios integrales de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones, y de los medios de transporte, así como sobre el plan nacional de accesibilidad, actuaciones que estipula la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social y que todavía no han sido presentadas.
Por último, la consejera de Igualdad y Políticas Sociales se ha referido a la situación en la que se encuentran las personas afectadas por la Talidomida, “personas que lo están pasando mal”, y ha recordado el apoyo expreso del Gobierno andaluz a este colectivo.
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