La consejera de Igualdad y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, ha asistido hoy en Madrid al Pleno del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia y ha demandado la creación de un grupo de trabajo para la evaluación de los resultados en la aplicación de la Ley de Dependencia en el conjunto del Estado desde su implantación. Sánchez Rubio ha subrayado que esta evaluación servirá de base para plantear un Pacto de Estado por la Dependencia, que garantice el mantenimiento y la sostenibilidad del sistema en toda España.
Este Pacto de Estado viene siendo una de las reivindicaciones de la Junta de Andalucía en los últimos meses, con la finalidad de que la Ley de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia sea objeto de debate en el Congreso de los Diputados y cuyas líneas básicas blinden los derechos reconocidos, impulse y modifique el sistema de financiación y garantice el cumplimiento del compromiso de financiación a partes iguales entre el Estado de la Nación (50%) y las comunidades autónomas (50%). En la actualidad, Andalucía financia más de un 78% del sistema de atención a la dependencia y el Estado menos de un 22%, a pesar de lo que marca la Ley.
Para Sánchez Rubio, “este Pacto debe apoyar y proteger a las personas cuidadoras, que proponga medidas que favorezcan su cotización a la Seguridad Social y mantenga la excepcionalidad de las Prestaciones Económicas para cuidados en el entorno familiar. Un Pacto que apueste por los servicios y la empleabilidad y que garantice una gestión pública y directa tanto en las valoraciones como en el seguimiento, inspección de los servicios y las prestaciones, etc.”
Andalucía sigue siendo mes a mes la primera Comunidad Autónoma en la aplicación de la Ley de Dependencia. A 31 de agosto de 2015, existen 219.100 prestaciones concedidas y cerca de 163.100 personas beneficiarias, el 22% del total nacional. En 2015, el Gobierno andaluz destina en su presupuesto 1.131 millones de euros para la atención a la dependencia, alrededor de 3 millones de euros diarios, prácticamente lo mismo que el Gobierno dedica a toda España, que son 1.200 millones.
Desde la entrada en vigor de la Ley de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia en 2007, Andalucía ha invertido cerca de 8.000 millones de euros en atención a la dependencia.
La titular de Igualdad y Políticas Sociales ha señalado que “en Andalucía se apuesta por un modelo público, universal, cooperativo, descentralizado, normalizado e integrador, en coherencia con los principios inspiradores de la Ley”, destacando que una de las claves del éxito del modelo andaluz fue el de reforzar el papel de los Servicios Sociales Comunitarios gestionados por las Corporaciones de Andalucía. Es por ello que Andalucía es el único gobierno autonómico que financia completamente el refuerzo de profesionales en las corporaciones locales para el desarrollo de la Ley, así como el cien por cien de la ayuda a domicilio.
Por otra parte, Sánchez Rubio ha reivindicado al ministerio que los baremos de discapacidad se ajusten a las necesidades de las personas afectadas por la Talidomida, con el reconocimiento como discapacidad del síndrome malformativo congénito debido a la misma. La consejera de Igualdad y Políticas Sociales ha celebrado que Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia aborde el caso de este colectivo a pesar de que no se encontraba entre los asuntos del orden del día, y ha recordado el apoyo expreso ya formulado por el Gobierno andaluz hacia estas personas.
Apuesta por consolidar el sistema sociosanitario
Por otra parte, respecto al documento base presentado por el Gobierno de la Nación para una atención integral sociosanitaria, Andalucía ha planteado la necesidad de consolidar el sistema de servicios sociales y de salud y de una apuesta clara por una coordinación efectiva de los servicios sociosanitarios, al considerar que el documento del Gobierno no apuesta por unos servicios públicos y universales.
Para Sánchez Rubio, “es prioritario recuperar la financiación para el Plan Concertado de prestaciones Básicas de Servicios Sociales de las Corporaciones Locales, que hoy recibe un 68% menos que en 2011, así como restablecer financiación para el Nivel Acordado del Sistema de Financiación del Sistema de Atención a la Dependencia y derogar el Real decreto de julio de 2012 que reducía en un 13% la financiación del nivel mínimo de la denominada Ley de atención a la dependencia”.
“También resulta imprescindible, en relación con los servicios de proximidad en el ámbito de los servicios sociales, eliminar toda clase de incertidumbre que se ha generado sobre ellos a partir de la Reforma local llevada a cabo por el Gobierno de España. El nivel de atención primaria de los Servicios Sociales, fundamental para la coordinación social y sanitaria, tiene su eje en las corporaciones locales”, ha subrayado la consejera.
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