La Consejería de Igualdad y Políticas Sociales está elaborando un ‘Protocolo de atención social a las personas accidentadas y a sus familias’, a través de la Dirección General de Personas con Discapacidad, destinado a completar y mejorar la atención a las víctimas directas e indirectas de accidentes relacionados con la seguridad vial. El objetivo es reducir el impacto personal, familiar, y económico de los accidentes en la vida de las personas que los sufren y de quienes les rodean, según ha informado la titular del departamento María José Sánchez Rubio, en el transcurso del I Congreso Nacional sobre Seguridad Vial y Discapacidad.
En primer lugar, la consejera ha agradecido a los organizadores del evento que lo hayan hecho extensivo a la comunidad universitaria puesto que es en el colectivo de jóvenes donde más hay que incidir con tareas de sensibilización, concienciación y formación, toda vez que, según datos de la Dirección General de Tráfico, en ambos sexos la mayor tasa de fallecimientos y de heridos graves se sitúa en el grupo de edad de 15 a 24 años. El congreso se está celebrando en Sevilla, organizado por la Federación Nacional de la Asociación de Lesionados Medulares y Grandes Discapacitados Físicos (ASPAYM).
Del protocolo en el que está trabajando la Junta, ha detallado que en el mismo participan trabajadores sociales de mutuas de accidentes, de hospitales y de la asociación de Lesionados Medulares y Grandes Discapacitados Físicos. Junto con éste, ha destacado igualmente el Plan Integral de Atención a la Accidentabilidad de la Junta, dirigido a ofrecer una respuesta conjunta a las víctimas de accidentes de tráfico y a sus familias. En este sentido, Sánchez Rubio ha hecho una mención expresa y ha reiterado el apoyo y compromiso de la Junta con las personas afectadas de daño cerebral, en muchos casos como consecuencia de accidentes de tráfico.
Del Plan Integral, Sánchez Rubio ha recordado que se centra en tres líneas de trabajo que coinciden con las fases de antes, durante y después del accidente. En este sentido, se incluyen acciones preventivas intersectoriales, prestaciones en coordinación con los distintos servicios y dispositivos implicados y, por último, actuaciones y atención necesarias en el domicilio en función de las secuelas sufridas y que hayan podido derivar en algún grado de discapacidad, tras recibir la persona el alta hospitalaria.
Además, la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales participa, junto con otros departamentos de la Junta y entidades civiles, en el Grupo de Trabajo de Educación, Discapacidad, Emergencias y Seguridad (GEDES).
Igualmente, Sánchez Rubio se ha referido al Plan andaluz de promoción de la autonomía personal y prevención de la dependencia 2015-2020, que en breve aprobará el Ejecutivo autonómico con el objetivo general de mejorar la calidad de vida y las condiciones de igualdad y no discriminación en las personas con discapacidad. Igualmente, el Gobierno andaluz está tramitando el proyecto de Ley de los derechos y la atención a las personas con discapacidad en Andalucía.
La consejera ha subrayado la “importancia y necesidad de estas actuaciones” porque los accidentes de tráfico constituyen “uno de los problemas más graves de salud pública”, ya que es la primera causa de mortalidad en edades jóvenes y provoca un elevado coste en términos de sufrimiento humano, fundamentalmente.
Por último, la representante del Gobierno andaluz ha reiterado el compromiso y el apoyo a las asociaciones de personas con discapacidad que ayudan a las personas que han sufrido un accidente y a sus familias, actuando como portavoces de sus necesidades y gestionando servicios.
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