La consejera de Igualdad y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, ha reiterado hoy en el Pleno del Parlamento que los presupuestos de la Junta para 2016 en materia de dependencia, que ascienden a unos 1.160 millones de euros, tendrán un incremento del 2,5% respecto a 2015, cumpliendo así el compromiso de la presidenta de la Junta de alcanzar un incremento del 10% a lo largo de la presente legislatura. Para la consejera, el Gobierno andaluz garantiza así la sostenibilidad del Sistema de Atención a la Dependencia en Andalucía “pese a que los recortes del Gobierno de España han supuesto que la comunidad andaluza haya dejado de percibir un total de 508 millones de euros para la financiación de este servicio en esta legislatura”.
Sánchez Rubio ha recordado que según las propias certificaciones emitidas por el Imserso, el Gobierno andaluz viene aportando el 78% de los recursos frente al 22% del Estado, pese a que la Ley de Promoción de la Autonomía y Atención a las personas en situación de dependencia fija en un 50% la aportación estatal.
La consejera ha destacado que para el Gobierno andaluz la atención a la dependencia es una inversión que “ha transformado muy positivamente la vida de miles de personas, así como de sus familiares; pero también por su gran potencial de creación de empleo directo, indirecto e inducido, su capacidad de generar importantes retornos fiscales, y su positivo impacto en el consumo y la actividad económica”.
La responsable de las políticas sociales en Andalucía ha señalado durante su interpelación al grupo parlamentario popular que “todas las medidas adoptadas por el Gobierno de España no han sido más que medidas de ajuste dirigidas a reducir el gasto que han mermado, cuando no eliminado, los derechos de las personas”.
Entre ellas, Sánchez Rubio ha detallado la revisión del calendario de aplicación; la moratoria en la incorporación de los dependientes moderados; la eliminación del sistema de altas en la Seguridad Social de las personas cuidadoras no profesionales así como la bajada de las cuantías de las prestaciones económicas previstas en el sistema; el avance en la aplicación efectiva del copago, la incompatibilidad entre prestaciones del sistema que actualmente son compatibles o la fijación de un menor nivel de intensidad de los servicios.
La titular de Igualdad y Políticas Sociales ha reiterado que todas estas medidas “han significado un ahorro para el Gobierno de España, pero para Andalucía han supuesto un esfuerzo adicional, por lo que hemos puesto en marcha medidas para paliar las consecuencias de estos duros recortes, como minimizar el impacto de la reducción en un 15% aprobada por el Gobierno central en la prestación económica para cuidados en el entorno familiar, o que en Andalucía se puedan tener hasta tres prestaciones, porque hicimos compatible la ayuda a domicilio, por ejemplo, con la unidad de estancia diurna y con la teleasistencia”.
Líder en aplicación a nivel nacional
La consejera ha destacado también que según los propios datos publicados por el IMSERSO, a 30 de septiembre de 2015, en Andalucía existen un total de 163.087 personas beneficiarias, un 22% del total nacional y 219.098 prestaciones, un 23% del total nacional, “es decir, una de cada cuatro prestaciones concedidas en toda España se dan en Andalucía, cumpliendo el compromiso adquirido por el Gobierno de la Junta de mantener y consolidar el sistema, para que estas personas puedan tener una vida más autónoma y más digna”. Sánchez Rubio ha recordado también que en los últimos tres meses se han incorporado, a día de hoy, más de 12.000 dependientes moderados al sistema de dependencia en Andalucía.
Por otra parte, en Andalucía, del total de prestaciones concedidas, el 63,7% están relacionadas con los servicios (en España es el 62,9%), y el 36,3% con las prestaciones económicas para el cuidado en el entorno familiar (en España es el 37,1%). Por tanto, en Andalucía se están concediendo proporcionalmente más servicios que la media nacional.
Además, en la comunidad autónoma hay más 42.440 plazas financiadas públicamente en residencias y centros de día para personas mayores y personas con discapacidad y se ofrece más de 25 millones de horas de servicio de Ayuda a Domicilio (48.830 personas atendidas, lo que supone un 33,4% del total nacional). A su vez, se atienden a más de 192.000 personas a través del Servicio de Teleasistencia.
Para Sánchez Rubio, “estas cifras son incontestables y no cabe sino reconocer el esfuerzo realizado por la Junta de Andalucía, cuyo volumen de gestión es altísimo y superior al de otras Comunidades Autónomas”. En este sentido, la propia Asociación de Directores y Gerentes en Servicios Sociales reconoce, en su XV Dictamen del Observatorio Estatal de la Dependencia de julio 2015, los avances que se han conseguido en Andalucía situándola con una puntuación de 7,5 sobre 10.
“Nuestro compromiso es claro, no como el del Gobierno central. A pesar del incremento en los Presupuestos Generales del Estado de 2016 con respecto a 2015, el Estado habrá dejado de invertir durante sus cinco presupuestos 2.800 millones de euros en políticas de servicios sociales; en 2016 se invierte un 17% menos que en 2011”, ha señalado Sánchez Rubio, quien ha finalizado su intervención destacando que “mientras para unos el compromiso con la Ley de Dependencia es restar, para el Gobierno andaluz es sumar en derechos para los andaluces y andaluzas”.
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