La consejera de Igualdad y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, ha anunciado hoy que Andalucía ha incorporado al sistema de atención a la dependencia en el mes de octubre a 16.326 personas. Por tanto, mientras que Andalucía cuenta con un crecimiento con respecto a septiembre del 10%, el resto de crecimientos de las comunidades está en una media del 2%.
Según los datos publicados hoy por el Imserso, organismo dependiente del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, en Andalucía existen 179.413 personas beneficiarias que cuentan con 234.029 prestaciones, por lo que el 23% de las prestaciones concedidas y personas atendidas en toda España se dan en Andalucía.
Con el anuncio de estos datos, la consejera ha evidenciado que el Gobierno andaluz va a seguir garantizando la sostenibilidad del Sistema de Atención a la Dependencia en Andalucía pese a que los recortes del Gobierno de España han supuesto que la comunidad andaluza haya dejado de percibir un total de 508 millones de euros.
“Una legislatura de recortes”
Para la consejera de Igualdad y Políticas Sociales, “el Partido Popular ha intentado desde que llegó al Gobierno desmantelar la Ley de Dependencia aprobada por el anterior Ejecutivo socialista, intentando, a 40 días de las elecciones, lavar su imagen para ocultar la legislatura de recortes en su gestión en materia de servicios sociales”.
Sánchez Rubio ha recordado que según las propias certificaciones emitidas por el Imserso, el Gobierno andaluz viene aportando el 78% de los recursos frente al 22% del Estado, pese a que la Ley de Promoción de la Autonomía y Atención a las personas en situación de dependencia fija en un 50% la aportación estatal.
La consejera ha destacado que frente a los recortes del Ejecutivo central en materia de políticas sociales, la Junta de Andalucía ha mostrado su compromiso con las personas en situación de dependencia destinando unos 1.160 millones de euros, un incremento del 2,5% respecto a 2015, cumpliendo así el compromiso de la presidenta de la Junta de alcanzar un incremento del 10% a lo largo de la presente legislatura.
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