La consejera de Igualdad y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, ha informado hoy en el Parlamento que, a fecha de 30 de octubre de 2015, en Andalucía son 48.600 las personas que están recibiendo el servicio de ayuda a domicilio, “lo que supone más de 25 millones de horas de servicio y la creación de más de 18.000 puestos de trabajo. Además, de cada 100 personas atendidas en España, 35 corresponden a nuestra comunidad autónoma”.
Durante su intervención en la Comisión de Igualdad y Políticas Sociales, Sánchez Rubio ha anunciado también que la Junta de Andalucía va a modificar la orden por la que se regula el servicio de ayuda a domicilio, que permitirá, en lo que respecta al sistema de financiación, “mejorar el procedimiento y la transparencia en la gestión, haciéndola más ágil y más adecuada a la realidad”.
La consejera ha destacado que la modificación de esta norma “responde a la necesidad de incorporar las mejoras que aconsejan su propia gestión por parte de las corporaciones locales, así como los cambios y mejoras fruto de la praxis de los últimos años y de los mandatos del legislador estatal, adaptándolo al marco legal vigente, pero manteniendo a la vez los avances conseguidos por la Orden de 15 de noviembre de 2007”.
La máxima responsable de las políticas sociales en Andalucía ha detallado algunas de las mejoras del nuevo sistema de financiación de la ayuda a domicilio en el supuesto de personas en situación de dependencia. Por ejemplo, “se pasa de un sistema de entregas a cuenta en períodos semestrales y su posterior regularización, y se permitirá una doble opción: bien un pago semestral único en el primer mes de dicho período, bien mediante un fraccionamiento en tres pagos en los meses de enero, marzo, mayo, julio, septiembre y noviembre, a un sistema de aportaciones mensuales a mes vencido”.
Para la consejera, “al introducir una mayor exactitud en el cómputo de los pagos a librar, da lugar a regularizaciones de menor importe, lo que permite conocer mejor el gasto real del servicio, que además se reflejará en los certificados de las corporaciones locales”.
En palabras de Sánchez Rubio, “de esta manera, el texto consolida el servicio de ayuda a domicilio único que prestan las corporaciones locales a las personas usuarias, sin distinguir si éstas se encuentran o no en situación de dependencia”. En este sentido, ha informado que además “el borrador incorpora novedades que obedecen a las modificaciones aprobadas por el Gobierno de la Nación relativas a la intensidad del servicio lo que supone una reducción sustancial de horas reconocidas“
Cualificación profesional
Otra de las aportaciones que ha destacado la titular de Igualdad y Políticas Sociales en relación a la nueva Orden es en lo relativo a la cualificación profesional, ya que se han tenido en cuenta los criterios de acreditación acordados en el grupo de trabajo constituido cumpliendo el mandato del Consejo Territorial de Servicios Sociales y Dependencia, del pasado 4 de marzo, con representantes de las administraciones públicas en materia de educación, empleo y servicios sociales y con los interlocutores sociales.
Para Sánchez Rubio, la principal mejora es que “el texto refuerza la exigencia de la profesionalización para garantizar la calidad del servicio, objetivo prioritario de la Administración pública autonómica, a la vez que garantiza que el personal auxiliar de ayuda a domicilio pueda acreditar su cualificación mediante los mismos títulos y certificados de profesionalidad cualquiera que sea el lugar del territorio nacional en el que trabaje, facilitando su movilidad geográfica”.
Apuesta por los servicios frente a prestaciones económicas
En Andalucía, del total de prestaciones concedidas, el 66,8% están relacionadas con los servicios (en España es el 63,5%), y el 33,2% con las prestaciones económicas para el cuidado en el entorno familiar (en España es el 36,5%).
Además, Sánchez Rubio ha informado en la Comisión parlamentaria que hay más 42.440 plazas financiadas públicamente en residencias y centros de día, 27.850 para personas mayores y más de 14.590 para personas con discapacidad.
Por tanto, en Andalucía se están concediendo proporcionalmente más servicios que la media nacional. Esta apuesta por los servicios tiene su notable repercusión en el empleo en la atención a la dependencia, con más de 45.000 empleos creados.
La consejera ha destacado que el compromiso de la Junta con la dependencia se evidencia en que “Andalucía es la única comunidad autónoma que financia completamente en España el servicio de ayuda a domicilio y el refuerzo de profesionales, para lo que ha invertido 2.000 millones de euros, transferidos directamente a las corporaciones locales desde el inicio de la ley”. En este sentido, ha recordado que “las entidades locales desempeñan un papel fundamental en la prestación de servicios de proximidad. De hecho, en 2016 son las corporaciones locales las que gestionan más de la mitad (el 53,8%) del presupuesto de la atención a la dependencia, en servicios como la ayuda a domicilio, estancia diurna, o atención residencial”.
Esta apuesta del Gobierno andaluz también se refuerza en que la comunidad autónoma ha incorporado al sistema de atención a la dependencia en el mes de octubre a 16.326 personas. Por tanto, mientras que Andalucía cuenta con un crecimiento con respecto a septiembre del 10%, el resto de crecimientos de las comunidades está en una media del 2%.
Según los datos publicados por el Imserso, organismo dependiente del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, en Andalucía existen 179.413 personas beneficiarias que cuentan con 234.029 prestaciones, por lo que el 23% de las personas atendidas y el 24% prestaciones concedidas en toda España se dan en Andalucía. Por otra parte, desde el inicio de la Ley, se ha atendido a cerca de 300.000 personas y se han concedido más de 400.000 prestaciones.
Durante la Comisión de hoy, la consejera ha destacado que el Gobierno andaluz va a seguir garantizando la sostenibilidad del Sistema de Atención a la Dependencia en Andalucía pese a que los recortes del Gobierno de España han supuesto que la comunidad andaluza haya dejado de percibir un total de 508 millones de euros.
Frente a estos recortes del Ejecutivo central, la Junta de Andalucía ha mostrado su compromiso con las personas en situación de dependencia destinando unos 1.160 millones de euros, un incremento del 2,5% respecto a 2015, cumpliendo así el compromiso de la presidenta de la Junta de alcanzar un incremento del 10% a lo largo de la presente legislatura.
Sánchez Rubio ha recordado una vez más que según las propias certificaciones emitidas por el Imserso, el Gobierno andaluz viene aportando el 78% de los recursos frente al 22% del Estado, pese a que la Ley de Promoción de la Autonomía y Atención a las personas en situación de dependencia fija en un 50% la aportación estatal.
Evaluación de la Ley de Dependencia
La consejera ha informado también durante la Comisión de hoy de la creación de un Grupo de Trabajo “para la preparación, el estudio y el desarrollo de una evaluación del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, en la que participarán todas las Comunidades Autónomas, y a la que se incorporará en calidad de expertos y expertas la Agencia Española de Evaluación y Calidad, que tienen como fin la evaluación de las políticas públicas y el fomento de la calidad de los servicios, para lograr una administración a la altura de las necesidades de la ciudadanía”.
Según ha destacado Sánchez Rubio, “el interés de Andalucía en la realización de esta evaluación es mayúsculo, porque desde el año 2012 hemos sufrido por parte del Gobierno central un desmantelamiento del Sistema para la Autonomía Personal y Atención de la Dependencia. Y particularmente nuestra Comunidad Autónoma es una de las más perjudicadas, puesto que somos quienes más aplicamos la Ley”.
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