El consejero de Industria, Energía y Minas, Jorge Paradela, en Comisión del Parlamento andaluz.
La Junta de Andalucía ha reactivado la investigación minera en 457 áreas correspondientes a derechos mineros caducados en la Comunidad tras casi diez años sin convocatorias de concursos públicos. Una medida con la que el Gobierno andaluz busca "impulsar la minería en la región, una actividad clave en los procesos de digitalización y transición energética en los que se encuentra inmersa Europa", ha señalado el consejero de Industria, Energía y Minas, Jorge Paradela, en Comisión parlamentaria.
En concreto, estos derechos mineros caducados se extienden sobre una superficie total cercana a las 257.000 hectáreas repartidos en las ocho provincias andaluzas. "Este proceso supone un importante hito en el respaldo a la investigación minera y la ordenación de la actividad", ha explicado Paradela.
El consejero ha detallado que el primer paso de esta reactivación dio comienzo el pasado año con la convocatoria de concursos para más de 360 derechos mineros caducados que afectaban a siete provincias andaluzas y que se ha completado este verano con Huelva en la que, "dada su especial singularidad geológica y minera" y el elevado potencial de derechos mineros a considerar, la preparación de su concurso ha requerido un análisis diferenciado, pues cabe recordar que la provincia onubense concentra más del 80% de la producción nacional de minerales metálicos y absorbe el 54% del total del empleo directo del sector minero de la región.
Se trata de convocatorias para la investigación de recursos minerales metálicos, minerales industriales, piedra natural y rocas ornamentales, entre los que se encuentran algunos recursos considerados estratégicos o críticos por la Unión Europea como es el caso del cobre, cobalto, níquel, wolframio, barita, manganeso, grafito o fluorita, entre otros.
Y es que dichos elementos, ha abundado Jorge Paradela, son esenciales para el desarrollo de la industria eléctrica, electrónica, de la automoción y el transporte, siderúrgica o farmacéutica, entre otros sectores. Se trata, en suma, de productos necesarios para el desarrollo de las actividades industriales que sustentan las tareas habituales de la vida cotidiana, de ahí su importancia.
Al hilo de esto, el consejero ha incidido en que el Gobierno andaluz tiene como objetivos, contemplados en la Estrategia para una Minería Sostenible en Andalucía 2030, apoyar e impulsar la investigación sobre aquellas materias primas, consideradas como críticas por la UE "que son esenciales para garantizar el cambio de modelo energético y para las que ya elaboramos un mapa en Andalucía, pionero en España, en colaboración con el Instituto Geológico y Minero, que ha identificado 18 de estas materias en nuestro subsuelo".
Así, ha explicado que, en el proceso de aprovechamiento de los recursos mineros, el primer paso es siempre el de identificar la existencia de los mismos, así como sus potenciales condiciones de explotación. Y ello, a través del análisis y reconocimiento geológico las zonas en que puedan localizarse.
Con ese propósito, ha informado Paradela, la Consejería ha convocado estos concursos públicos para conceder la preferencia en la tramitación de 457 permisos de investigación de recursos mineros en cuya convocatoria se ha querido potenciar la objetividad de los criterios de selección y valorar aquellas ofertas que reúnan las mejores garantías y condiciones técnicas, económicas, y de sostenibilidad ambiental y social.
Además, como novedad importante, ha reseñado que los concursos se tramitan únicamente por vía electrónica, a través del Sistema de Relaciones Electrónicas en materia de Contratación (SiREC), que permitirá maximizar las garantías de transparencia e imparcialidad en el desarrollo del proceso, así como garantizar la confidencialidad y trazabilidad de la documentación presentada por las entidades concursantes.
El nuevo procedimiento incorpora una segunda novedad relevante sobre los criterios de valoración de las distintas ofertas. Así, se tomarán en consideración tanto los aspectos económicos que garanticen un adecuado desarrollo de los trabajos previstos, como aspectos técnicos y de sostenibilidad ambiental y social, de manera que todos serán calificados de manera estricta conforme a parámetros objetivos de referencia.
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