El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, ha defendido hoy que, aunque la Memoria del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) revela que “seguimos teniendo deberes pendientes” tras décadas en las que la Administración de Justicia fue la gran “olvidada” por anteriores gobiernos autonómicos, también “reconoce el trabajo del gobierno de Juanma Moreno”.
Nieto ha valorado en Comisión parlamentaria las reflexiones del Alto Tribunal andaluz en su Memoria correspondiente al ejercicio 2024, presentada en el Parlamento el pasado 3 de junio por el presidente del TSJA, Lorenzo del Río.
“Somos conscientes de las debilidades que aún sigue teniendo la Justicia en competencias de esta Consejería y vamos a seguir trabajando en ellas”, ha admitido, para lo cual se ha referido al Plan Estratégico de Justicia en Andalucía que contempla cinco ejes de actuación en materia de infraestructuras judiciales, digitalización, recursos humanos, sostenibilidad y humanización de la Justicia.
En este sentido, Nieto ha puesto en valor que la Memoria destaca la actitud proactiva de la Consejería, con buena disposición al diálogo, resolución de problemas e impulso de iniciativas relacionadas con el Plan Estratégico de Justicia, ha subrayado.
Así, por ejemplo, el TSJA destaca que “se han dado pasos importantes desde la Administración autonómica hacia la definitiva consolidación de la modernización tecnológica”, con el despliegue definitivo del nuevo sistema de gestión procesal @driano que, pese a las dificultades, ha permitido el paso al nuevo modelo de tribunal de instancia que desde ayer entró en vigor en 70 partidos judiciales andaluces.
Obras y actuaciones en marcha del Plan de Infraestructuras
También indica que “el desarrollo y ejecución del Plan de Infraestructuras judiciales de Andalucía 2023-2030 es clave, sin duda, para contar con edificios judiciales más dignos y modernos”. El consejero ha recordado que uno de los problemas más graves era la situación de las infraestructuras judiciales, con órganos dispersos en varios edificios e instalaciones con graves deficiencias. Por ello, el plan movilizará 1.500 millones de euros para actuar en el 100% de los 85 partidos judiciales andaluces, completando una red de 11 Ciudades de la Justicia (las ocho capitales más Algeciras, Jerez y Marbella) sin olvidar los pequeños partidos judiciales del medio rural.
Frente a los “proyectos caducados e incumplimientos” que el TSJA llegó a denunciar en años anteriores, el Gobierno de Juanma Moreno ya ha puesto en marcha sedes nuevas como la de Lucena o la propia Ciudad de Justicia de Sevilla y ha iniciado la construcción de sedes nuevas como las de Órgiva, obras como las de Aguilar de la Frontera, la compra del edificio El Cubo en Granada y licitados proyectos como el de Algeciras presentado este mismo lunes. “Con anteriores gobiernos se hicieron dos planes en un mes y así salieron”, ha criticado.
El Alto tribunal alude también a la alta tasa de litigiosidad que sobrecarga los tribunales andaluces. En 2024 el número de asuntos ingresados creció un 5% respecto al año anterior, aunque “aumentan menos que en otras comunidades”. No obstante, para el consejero “el problema no es que los ciudadanos acudan más a la Justicia, el problema es que necesitamos más jueces”.
Sin nuevos jueces para Andalucía
En este sentido, Nieto ha lamentado el agravio que supone que en Andalucía no vaya a haber ni un juez más mientras se han anunciado 60 para Cataluña. “Pedimos 56 que son necesarios de forma urgente y la respuesta ha sido cero”, ha subrayado. Dentro de sus competencias, la Junta está apostando por promover la cultura del diálogo y el acuerdo frente al pleito e impulsar, incluso antes de que el Gobierno central lo incluyera en su reforma, medios alternativos de solución de controversias (MASC) como la mediación.
En materia de personal, Nieto ha confiado en que la nueva estructura impuesta por la Ley estatal de Eficiencia del Servicio Público de Justicia permita una distribución más eficiente de los recursos humanos, con los funcionarios agrupados en secciones dependientes ya no de juzgados unipersonales sino de órganos colegiados como los tribunales de instancia.
Precisamente, esta nueva estructura comenzó a funcionar ayer en 70 de los 85 partidos judiciales de Andalucía, conforme al “exigente calendario” fijado en una norma que según recordó el consejero no ha sido consensuada con las comunidades autónomas ni cuenta con financiación estatal. Esto ha obligado a la Junta a asumir en solitario su coste, que superará los 57 millones de aquí a final de año. Un importante esfuerzo económico no previsto en los presupuestos andaluces ya que la ley fue publicada el 2 de enero, cuando las cuentas autonómicas para 2025 ya habían sido aprobadas.
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