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ANTECEDENTES DE HECHOS
Se acordó con fecha 5. 10. 99 la iniciación del procedimiento sancionador por presuntas infracciones a la normativa de espectáculos públicos y actividades recreativas a don Rafael Martín Romero por los hechos ocurridos el día 23-8-99, en las inmediaciones del Estadio Olímpico.
En la tramitación del procedimiento han sido observadas las formalidades legales y reglamentarias.
Sí se presentó escrito de alegaciones.
No pretendía sacar beneficio con la venta o lucrarme con ella.
Desconocía por completo que estaba realizando una conducta tipificada como infracción leve. No estimadas por no desvirtuar los hechos considerados probados ni su calificación jurídica.
Se considera probado el hecho: «Reventa de entradas para el Campeonato del Mundo de Atletismo, Sevilla'99¯.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
El hecho contraviene el contenido del art. 67 del Real Decreto 2816/1982, de 27 de agosto, tipificado como infracción leve en el art. 26. j) de la Ley 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana.
Este órgano es competente para la resolución del expediente sancionador por los hechos, de acuerdo con el Real Decreto
1677/1984, de 18 de julio, sobre traspaso de funciones y servicios a la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de espectáculos públicos; el Decreto 294/1984, de 20 de noviembre, que asigna la competencia a la Consejería de Gobernación, y de las atribuciones que le confiere el Decreto 50/1985, de 5 de marzo, en relación con el art. 29, apartado 1. d), de la Ley
1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana, y al amparo de lo establecido en la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y los artículos 11 y 13 del Reglamento del Procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, aprobado por el Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto.
R E S U E L V O
Sancionar a don Rafael Martín Romero por los hechos con una multa de 5. 000 ptas.
Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponer recurso de alzada, en el plazo de un mes, conforme a lo dispuesto en los artículos 114 y siguientes de la Ley 4/1999, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, ante la Excma. Sra. Consejera de Gobernación y Justicia de la Junta de Andalucía. Transcurrido este plazo sin que el recurso haya sido presentado, la Resolución será firme.
El pago de las 5.000 ptas. deberá hacerse efectivo dentro del plazo de treinta días siguientes al que la Resolución sea firme. En otro caso, se procederá a su exacción por vía ejecutiva de apremio, de acuerdo con el procedimiento del Reglamento General de Recaudación.
Lo que se le notifica en virtud de lo dispuesto en los arts.
58 y siguientes de la mencionada Ley de Régimen Jurídico y del Procedimiento Administrativo Común.
Sevilla, 10 de noviembre de 1999. - El Delegado, José Antonio Viera Chacón.
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