La puesta en marcha de las Iniciativas Leader II y Proder supuso para Andalucía la oportunidad de articular todo su territorio en torno a estrategias de desarrollo rural. El 89% del territorio andaluz estuvo acogido a una de estas dos iniciativas, y el número de Grupos de Desarrollo Rural representó casi el 25% del total nacional. Se avanzó hacia una nueva comarcalización en función de las necesidades de los habitantes del territorio y su capacidad de actuar en común, lo que en definitiva se manifestó en la puesta en valor de un valioso patrimonio rural y el apoyo a unos recursos locales hasta entonces infrautilizados.
Además, con esta Iniciativa Comunitaria se contribuyó a la creación de capital social, generándose claros avances en la conciencia de comarca, la densidad asociativa, la presencia de nuevos colectivos antes inactivos y su participación posterior en tareas de desarrollo, el sentimiento de cercanía que inspiró esta Iniciativa o la necesidad de trabajar en proyectos comunes. Sin olvidar el concepto de innovación que incorporó, que además de nuevos productos, procesos y formas de organización, se basó en un nuevo método de trabajo: la búsqueda del valor añadido no por el resultado sino por el proceso.
Dentro de Leader II destacaron, entre otras, acciones de formación profesional y ayudas a la contratación, apoyo al turismo rural, apoyo a las pequeñas y medianas empresas, valorización in situ y comercialización de las producciones agrícolas, forestales y pesqueras locales, así como conservación y mejora del medio ambiente y del entorno.
En lo que a las actuaciones Proder se refiere, cabe decir que permitieron el surgimiento y consolidación de liderazgos en el tejido social, económico y político, de manera que muchos de los actores ligados a los Grupos de Desarrollo Rural se convirtieron en puntos de referencia para la población local, además de establecerse una plataforma para el aprendizaje y la formación de gestores y técnicos en desarrollo rural.
También se dieron avances en la cultura del enfoque territorial, que han contribuido a generar una conciencia y unas demandas de puntos de vista menos sectoriales, métodos más eficaces y que aportan mayor valor añadido en la intervención en el territorio.
Gasto público total: 453,20 millones de euros.