El Consejo de Gobierno ha tomado conocimiento del trámite de audiencia e información pública de la propuesta de modificaciones puntuales del Plan de Desarrollo de la Red de Transporte de Energía Eléctrica 2021-2026 al que el Gobierno andaluz va a presentar
alegaciones porque no se han tenido en cuenta las actuaciones propuestas por la Junta de Andalucía para la consolidación de zonas industriales y mineras, la ejecución de grandes proyectos empresariales e industriales, así como para el despliegue de plantas renovables en Andalucía.
El conjunto de modificaciones incluidas por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico supone una inversión de 321 millones de euros para el conjunto del país, de los cuales se estima que sólo 6 millones corresponderían a Andalucía, lo
que apenas representa el 2% del total, cifra que queda muy alejada del peso poblacional de Andalucía (18%) y de su posición como segunda comunidad por extensión geográfica. Cabe recordar, además, que Andalucía gestiona en torno al 20% de la potencia renovable en tramitación en España.
Las actuaciones reconocidas se destinan a atender grandes demandas en Huelva y Algeciras, mientras que el resto ya estaban presupuestadas en la planificación actual o bien son rectificaciones que responden a cuestiones de diseño. Sin embargo,
actuaciones tan importantes para Andalucía y solicitadas por la Junta de Andalucía como el cierre del anillo de Sevilla de 400 kilovoltios (kV) para satisfacer la demanda energética del Puerto de Sevilla, el adelanto del plazo de ejecución y una nueva posición
de suministro para el desarrollo de proyectos mineros en la Faja Pirítica de Huelva, y el apoyo a la distribución en la subestación de Llerena para dar servicio a la zona del Guadiato y Valle de los Pedroches en el norte de la provincia de Córdoba son algunas
de las actuaciones solicitadas por la Junta de Andalucía y no atendidas.
Asimismo, tampoco están reflejados el adelanto del horizonte de ejecución a 2026 del segundo tramo del nuevo corredor Sevilla-Córdoba y su conexión con Castilla-La Mancha para la integración de renovables, y nuevas posiciones de evacuación de
renovables (Puerto de la Cruz, Algeciras, Puebla de Guzmán, Iznalloz y Saleres) y de grandes consumos (Litoral, La Roda de Andalucía y Archidona).
Es importante señalar que las modificaciones puntuales permiten atender necesidades sobrevenidas en el sistema eléctrico y pueden responder a nuevas demandas de suministros eléctricos importantes o proyectos que son críticos para la transición
energética y que, por tanto, no tienen que esperar a ser incluidas en el siguiente marco de planificación.
El actual Plan de Desarrollo de la Red de Transporte de Energía Eléctrica 2021-2026 fue aprobado por el Consejo de Ministros el 22 de marzo de 2022 y recoge actuaciones para Andalucía por valor de 515 millones, cifra muy inferior a los 782 millones que le
corresponderían a la comunidad atendiendo a criterios objetivos como el peso poblacional, la superficie o el consumo eléctrico. De esos 515 millones, 309 respondían a inversiones ya contempladas en la anterior planificación 2015-2020 pero que no se
ejecutaron en plazo, y solo 206 millones eran nuevas infraestructuras. Sin embargo, de esa cifra de nuevas actuaciones, solo 96 millones, es decir, el 18% del total, coincidía con inversiones que habían sido solicitadas por Andalucía.
Y ello, a pesar de que Andalucía partía con desventaja respecto a otras comunidades autónomas, ya que la densidad de la red de transporte por habitante está un 42% por debajo de los valores medios peninsulares. En la comunidad andaluza se cuenta con
712 kilómetros de red por millón de habitantes frente a los 1.231 kilómetros de media, según datos a cierre de 2020.
La red de transporte de electricidad es un activo imprescindible del que depende el desarrollo industrial y socioeconómico de la comunidad, además del suministro de un bien básico para el conjunto de la población como es la electricidad. En el momento
actual, esa red es además necesaria para llevar a cabo una transición energética justa y equilibrada en Andalucía, además de una oportunidad para la mejor articulación de un extenso territorio y para alcanzar un equilibrio territorial que, a través de la dotación de
este servicio básico, amplíe la posibilidad de desarrollo industrial a toda la geografía andaluza.