El Consejo de Gobierno ha instado a la Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul a la redacción y tramitación del anteproyecto de Ley de Gestión Ambiental Sostenible de Andalucía, norma que actualizará tras 17 años de vigencia la actual Ley de Gestión Integrada de Calidad Ambiental y su desarrollo normativo a la realidad medioambiental actual de Andalucía.
Cabe recordar que, en 2007, se aprobó la Ley de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, conocida como GICA, que supuso un hito importante al regular diversos instrumentos de prevención y control ambiental aplicables a los planes, programas, proyectos de obras y actividades que podían afectar al medio ambiente como la autorización ambiental integrada, la autorización ambiental unificada, la calificación ambiental, la evaluación ambiental de planes y programas o las autorizaciones de control de la calidad ambiental, entre otros.
Sin embargo, 17 años después, la realidad medioambiental de Andalucía ha cambiado debido a los efectos de la sequía y del cambio climático, así como las normativas estatal y europea. Por tanto, el Gobierno andaluz entiende necesaria la redacción de una nueva normativa que renueve la actual, así como su desarrollo reglamentario, y dote de nuevos instrumentos a la administración andaluza ante los retos actuales climáticos y medioambientales.
Esta revisión se hará con el objetivo de completar, clarificar y actualizar el marco normativo existente, adecuarlo a las nuevas formas de gestión y planificación, tanto públicas como privadas, para hacer más eficiente y ágil la administración ambiental, de manera que puedan tramitarse un mayor número de expedientes en el menor tiempo posible, intentando dar respuesta a las tres dimensiones del concepto de desarrollo sostenible, ambiental, social y económica, salvaguardando siempre las garantías ambientales.
La nueva norma, fruto del diálogo social del Gobierno andaluz con los principales agentes económicos y sociales de Andalucía y recogido en el Pacto Social y Económico por el Impulso de Andalucía firmado con CEA, CCOO y UGT, comienza su andadura
con diferentes objetivos de inicio, que parten de la conveniencia e idoneidad de la actualización del marco normativo ambiental de Andalucía, vigente desde hace más de 15 años, para dotar de herramientas que mejoren la seguridad jurídica y agilidad de los
pronunciamientos ambientales ante los avances tecnológicos y del mercado y el nacimiento de nuevas actividades durante estos últimos años.
Del mismo modo, se considera fundamental lograr el alineamiento con el marco normativo europeo y nacional, así como de sus reglamentos, tras la aprobación de múltiples directivas en materia ambiental a lo largo de los últimos años, en garantía de
la seguridad jurídica para todos los agentes implicados, pero sin merma de las garantías ambientales y teniendo en cuenta la idiosincrasia y el patrimonio natural de Andalucía.
Uno de los puntos fundamentales de la futura ley será el análisis del actual modelo de ventanilla única establecido en la Ley de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental para convertirlo en un modelo ágil y adecuado a las necesidades de los proyectos que la
sociedad andaluza está demandando. Igualmente, se busca la actualización de los procedimientos de evaluación ambiental competencia de las entidades locales, sin modificaciones desde su regulación en 1995.
Por último, para asegurar que la toma de decisiones se vea enriquecida por las aportaciones de todos los agentes implicados, la futura ley pretende la revisión de los mecanismos de participación e información en asuntos ambientales con una interlocución ágil y fluida, dada la relevancia de la sostenibilidad ambiental.