El Consejo de Gobierno ha tomado conocimiento de un balance de actuaciones de la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda en materia de inspección urbanística y de ordenación del territorio, labor que se ha reforzado hasta el punto de
triplicar las acciones frente a las edificaciones ilegales, primando la prevención frente a la represión. Para ello, la Junta de Andalucía ha recurrido a nuevas herramientas tecnológicas, como el uso de drones o, más recientemente, un servicio pionero con imágenes vía satélite en tiempo real para detectar cambios en el territorio.
Este servicio supone un paso significativo en la vigilancia de la legalidad territorial, ya que efectúa una monitorización constante del territorio seleccionado, de manera que identifica cambios persistentes a nivel del suelo. Eso permite a la inspección detectar
de manera temprana nuevas infracciones en materia de urbanismo y ordenación del territorio, ya que los cambios de las áreas de interés se consultan en tiempo real. Con ello, se garantiza una pronta e inmediata reacción, hasta el punto de detectar y actuar
en los procesos de construcción irregular en una fase primaria.
Este apoyo tecnológico se suma a las medidas que se han desarrollado desde 2019 para reforzar la labor inspectora, que se ha traducido en el triple de actuaciones. El número de construcciones y parcelas objeto de expedientes de restablecimiento de la
legalidad ascendió a 462 en 2022 y a 450 en 2023, cifra muy superior a las 38 parcelasy edificaciones objeto de expediente en 2018. Además, se pone el foco en la prevención, como indica que en los últimos dos años se hayan efectuado 740 precintos (375 en 2022 y 365 en 2023) frente a la ausencia de precintos de parcelas y edificaciones en 2018.
En el balance destaca un cambio de mentalidad entre los infractores, ya que ahora optan por el derribo voluntario de casas ilegales para eludir las multas. En 2023 se han contabilizado la comunicación de más de 30 reposiciones voluntarias de la realidad física alterada en el territorio andaluz.
Por último y fruto de la colaboración con la Administración de Justicia, se han emitido durante el pasado ejercicio 85 informes periciales a instancias de la Fiscalía especializada en delitos sobre el medio ambiente y el urbanismo y de Juzgados y Tribunales del orden penal. A este refuerzo de la labor inspectora ha contribuido también los cambios normativos.
En primer lugar, el decreto ley 3/2019 de medidas urgentes para la adecuación ambiental y territorial de las edificaciones irregulares fijó un refuerzo de la inspección para mitigar los efectos ambientales, territoriales y paisajísticos de estas edificaciones.
A posteriori, la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio (LISTA), aprobada en noviembre de 2021, acabó con las lagunas detectadas en las leyes anteriores: incorpora el concepto de disciplina territorial, atribuye a la comunidad autónoma competencia
directa para actuar en los supuestos de mayor trascendencia y crea el Cuerpo de Subinspección. Además, el reglamento de la LISTA simplificó la tramitación de los procedimientos, obligó a una mayor coordinación con la jurisdicción penal y ahondó en
la importancia de las medidas cautelares y el precinto.
El último paso se dio el pasado verano con la toma de conocimiento en el Consejo de Gobierno del Plan General de Inspección Territorial y Urbanística para el cuatrienio 2023-2026, estableciendo las líneas prioritarias de intervención de la Inspección para el
próximo cuatrienio. Este plan, con una vigencia de cuatro años, fija como líneas prioritarias la prevención de la implantación ilegal en suelo rústico de usos residenciales cuando sean nuevas parcelaciones urbanísticas o generen riesgo de formación de
asentamientos; o el control de nuevos usos residenciales ilegales en los ámbitos de los planes especiales de adecuación ambiental y territorial.
Protección frente a las edificaciones irregulares
Previo al refuerzo de la labor inspectora, el Gobierno andaluz había hecho frente a la situación de las numerosas viviendas irregulares que se encontraban en 2019 en un limbo jurídico, es decir, estaban construidas en suelos no urbanizables pero sus
expedientes de infracción habían quedado prescritos. El Decreto ley 3/2019, de 24 de septiembre, de medidas urgentes para la adecuación ambiental y territorial de las edificaciones irregulares en Andalucía, en primer lugar, y posteriormente la LISTA,
implementaron una serie de modificaciones legislativas para garantizar que miles de familias en edificaciones irregulares prescritas pudieran vivir en condiciones dignas, reduciendo así el impacto ambiental y territorial de estas agrupaciones.
Una de las medidas incluidas era la concesión de subvenciones para la redacción de planes especiales de adecuación ambiental y territorial en este tipo de agrupaciones de edificaciones irregulares, con lo que permiten dotar de infraestructuras básicas de
saneamiento, agua y electricidad que garanticen las condiciones mínimas de seguridad, salubridad y calidad ambiental. En dicha resolución se contabilizan 33 beneficiarios entre ayuntamientos y asociaciones. Según datos aportados en las solicitudes
presentadas, el número de edificaciones asciende a 4.808 edificaciones.