El Consejo de Gobierno ha tomado conocimiento del acuerdo alcanzado entre la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural con las organizaciones profesionales agrarias (Asaja, COAG y UPA) y Cooperativas Agro-alimentarias de
Andalucía para presentar nuevas alegaciones al Plan Estratégico de la Política Agraria Común (Pepac).
Este consenso, fruto del diálogo entre los agentes del sector agrario y la administración regional, supone la renovación de la alianza del campo andaluz y posibilita que, por segundo año consecutivo, Andalucía presente al Gobierno central un documento
unificado con peticiones que responden a las necesidades de los agricultores y ganaderos de la comunidad autónoma.
El Gobierno andaluz ha flexibilizado al máximo las exigencias de la nueva PAC dentro de sus posibilidades y espera que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación tenga la misma sensibilidad con el sector agrario respondiendo a las nuevas peticiones. Andalucía tiene un gran peso en este ámbito, ya que concentra un tercio de los perceptores de las subvenciones europeas. El objetivo final de las alegaciones es buscar medidas que permitan reducir al máximo el impacto de los cambios asociados a la nueva PAC. Para ello, el campo andaluz vuelve a reclamar una mayor flexibilidad en el Pepac que evite pérdidas en las ayudas que reciben los productores.
Entre otras medidas, el sector andaluz solicita la modificación de unos ecorregímenes que, a pesar de suponer un coste más de producción, está cumpliendo por encima de la media nacional (85% frente al 55%). El documento recoge una serie de peticiones de
flexibilización y simplificación del Pepac, por ejemplo, respecto a las exigencias que atañen a las cubiertas vegetales, de difícil cumplimiento en plena sequía; o las que hacen referencia a unidades de ganado mayor (UGM) de la ganadería extensiva,
también comprometidas con el déficit hídrico.
Andalucía pide también la aplicación automática de la figura de agricultor activo a los agricultores y ganaderos con explotaciones de Producción Ecológica o Integrada. Además, reclama que continúe sin ser obligatorio el cuaderno digital, ya que su aplicación añade dificultades en un momento complicado marcado por los altos costes de producción, la inflación y la sequía.
En el documento consensuado por los representantes del sector agrario y la Junta de Andalucía se hace referencia también a la importancia de realizar estudios de impacto del nuevo modelo de regiones y analizar la posible implantación de otros sistemas que
resultaran más rentables. Precisamente, la Universidad de Córdoba ha elaborado un estudio que apunta modelos más adaptados a las singularidades de Andalucía y que podrían tenerse en cuenta por parte del Estado para dar respuesta a esta alegación de
los agricultores y ganaderos.
En este sentido, el Gobierno andaluz respalda a los productores que se manifiestan para reclamar a la Unión Europea el necesario equilibrio entre sostenibilidad ambiental y rentabilidad económica de la actividad agraria.