El Consejo de Gobierno ha tomado conocimiento del informe presentado por la Consejería de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa sobre la participación andaluza en el Comité de las Regiones de Bruselas (CDR) y que señala que Andalucía ha asumido la ponencia de cuatro dictámenes en el actual mandato (26 de enero de 2020 a 25 de enero de 2025). Estas ponencias la convierten en una de las comunidades que más dictámenes ha asumido, incrementando su papel en este órgano, ya que durante el periodo 1994-2019 Andalucía asumió sólo siete dictámenes. Así, se han defendido cuatro dictámenes en cinco años, frente a los siete de los 25 años anteriores.
De esta forma, el Gobierno andaluz ha multiplicado su actividad y reafirmado su compromiso con el europeísmo, especialmente en materia medioambiental, ya que todos los dictámenes asumidos están directamente relacionados con el Pacto Verde. Tal es la importancia de estas políticas para el Ejecutivo andaluz que tres de los cuatro dictámenes fueron defendidos por el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que ostenta la vicepresidencia de dicho comité.
Además, desde Andalucía se han presentado 347 enmiendas a los dictámenes debatidos (201 en pleno y 146 en comisión) y se ha participado activamente en los debates organizados en el Comité Europeo de las Regiones, con asistencia de representantes del más alto nivel de instituciones de la UE o de los estados miembros, trasladando así la visión de Andalucía sobre los grandes temas europeos.
Las ponencias de los cuatro dictámenes asumidos por Andalucía han sido “Ley Europea del Clima: establecer el marco para lograr la neutralidad climática”; “Hacia un turismo más sostenible para las ciudades y regiones de la UE”; “Visión a largo plazo para las
zonas rurales” y “Pacto Verde y Salud”.
El Comité de las Regiones de Bruselas (CDR) está compuesto por 329 miembros que representan a las entidades regionales y locales de los 27 estados miembros de la Unión Europea. Actualmente, la delegación española cuenta con 21 miembros, 17
representantes de las comunidades autónomas y cuatro representantes de las entidades locales. Cada una de estas administraciones nombra un representante titular y un representante suplente. Por regla general, el representante titular de cada
comunidad autónoma coincide con el presidente de ésta. Los representantes ejercen su cargo durante un mandato de cinco años.
El CDR cuenta en el presente mandato con seis comisiones. Hasta el 25 de enero de 2020, Andalucía participaba en las comisiones COTER (Comisión de Política de Cohesión Territorial y Presupuesto de la UE) y NAT (Comisión de Recursos Naturales), pero, para el mandato 2020-2025, Andalucía participa en las comisiones NAT y ENVE (Comisión de Medio Ambiente, Cambio Climático y Energía).
Pacto Verde y Salud
El dictamen Pacto Verde y Salud reconoce la existencia de sólidas evidencias científicas sobre los efectos que tiene en la salud física, social y mental de la ciudadanía europea el cambio climático (aumento de las temperaturas, incendios, intensidad de fenómenos climatológicos adversos como sequías e inundaciones…), la contaminación ambiental y la amenaza de la diversidad biológica. Asimismo, se alerta sobre las previsiones de aumento de los días de ola de calor y sobre los numerosos impactos, directos e indirectos, que los fenómenos meteorológicos extremos como lluvias intensas, vientos e inundaciones tienen para la salud humana.
Se advierte también de que este aumento progresivo de las temperaturas puede tener otros impactos perniciosos como el aumento del nivel del mar y la salinización de acuíferos o la prevalencia o brotes de muchas afecciones transmitidas por vectores o
por el agua. Se consideran particularmente preocupantes los cambios en los patrones de precipitaciones, que resultan en episodios más prolongados, frecuentes e intensos de sequía, especialmente en regiones del sur de Europa.
Por ello, el dictamen señala que es urgente abordar los efectos de estas amenazas a la salud humana a través de la adopción e implantación de las numerosas estrategias y regulaciones contempladas en el Pacto, así como de analizar las posibles vías para
reforzar el papel de las autoridades regionales y locales en su diseño y ejecución.