El Consejo de Gobierno ha aprobado el proyecto de la Ley Reguladora de los Colegios Profesionales de Andalucía. La futura norma establecerá la adscripción obligatoria a estas instituciones para el ejercicio de las profesiones colegiadas, exonerando de la misma a quienes ejerzan su profesión con exclusividad al servicio de las administraciones públicas de Andalucía. En estos casos serán las propias administraciones quienes asuman las funciones de tutela que tienen delegadas los colegios, quedando garantizada la protección de los usuarios a través de las normas reguladoras de los servicios públicos.
El proyecto de ley, que completa y desarrolla en Andalucía la normativa estatal vigente, fija un régimen jurídico dual para los colegios, sometiendo su actuación al Derecho Administrativo por su repercusión pública y al Derecho Privado por su relación con los particulares. De acuerdo con el texto, los colegios profesionales pasarán a ser entes colaboradores de las Administraciones Públicas para la consecución de objetivos considerados de interés público. De este modo, se prevén fórmulas de cooperación como la delegación de competencias o la encomienda de la gestión de determinados servicios, así como la suscripción de convenios para el desarrollo de actividades de interés común relacionadas con la profesión de que se trate.
La norma también recoge la creación de un registro en el que deberán inscribirse todas las corporaciones profesionales que tengan su ámbito de actuación dentro de la comunidad, con el objetivo de ofrecer a los ciudadanos información sobre el funcionamiento de los colegios y sus estatutos, deberes y órganos de gobierno.
Finalmente, se establece la obligatoriedad de que los colegios dispongan de normas deontológicas y de un régimen disciplinario en el que se tipifiquen las infracciones y las sanciones y sus procedimientos.
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