El Consejo de Gobierno ha acordado iniciar los trámites del proyecto de Ley para la Inclusión Social en Andalucía, que elevará al rango de derechos sociales diversas prestaciones y servicios que promueve la Administración autonómica y que actualmente están reguladas de forma dispersa.
Mediante esta norma, que elabora la Consejería de Asuntos Sociales, la Junta de Andalucía se compromete a lograr la inserción social de personas y colectivos desfavorecidos no a través de medidas esporádicas o excepcionales, sino a través del ejercicio ordinario de derechos reconocidos legalmente.
Una de las principales novedades recogidas en el borrador es el establecimiento del carácter periódico para las rentas de inclusión dirigidas a familias con dificultades económicas y sociales. De este modo, cualquier ciudadano andaluz que se encuentre en esa situación podrá reclamar como un derecho la percepción de dichas ayudas, que actualmente se conceden dependiendo de las disponibilidades presupuestarias.
En cuanto a colectivos concretos, se fija el derecho de las personas que se dedican a la prostitución a recibir apoyo público para el abandono voluntario de esta actividad. También se podrá exigir el derecho a una atención social integrada con la sanitaria para evitar los riesgos de exclusión que, tanto para los afectados como para sus familias, pueden suponer enfermedades crónicas como el Alzheimer, patologías mentales, drogodependencias, ludopatías y enfermedades asociadas a la prostitución.
De igual modo, la futura ley incluirá medidas de apoyo financiero a las corporaciones locales para garantizar que los vecinos de barrios con problemas sociales tengan garantizados los mismos servicios públicos que el resto de los residentes en el municipio.
Además del reconocimiento de nuevos derechos sociales, el anteproyecto de Ley presentado hoy ante el Consejo de Gobierno incluye la regulación de los nuevos servicios que la Junta ha comenzado a desarrollar en el terreno del apoyo a las familias. Este es el caso de la creación de la figura de la mediación familiar como procedimiento voluntario para la resolución de conflictos sociales en el ámbito doméstico.
Otra medida novedosa prevista se dirige a la condonación de las sanciones económicas impuestas a empresas en el caso de que asuman la contratación o la realización de prácticas de personas excluidas socialmente.
En líneas generales, la futura ley prestará especial atención al fomento del empleo como principal vía de inclusión para las personas y colectivos que se encuentran en situaciones de marginación. Para ello, se fijan medidas específicas destinadas a fomentar la creación de empresas de inserción, incentivar la creación de empresas en zonas de especial problemática social, fomentar una mayor participación del sector privado en los programas públicos de inclusión e incrementar las iniciativas de formación lingüística y cultural de la población inmigrante.
La Ley para la Inclusión Social en Andalucía tendrá como destinatarios a todas las personas residentes en la Comunidad Autónoma de Andalucía y, también, en casos de urgencia social, a las no residentes que permanezcan con carácter transitorio.
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