El Consejo de Gobierno ha iniciado los trámites para la aprobación del proyecto de Ley de Mediación, que regulará la resolución extrajudicial de conflictos en todos los ámbitos salvo el laboral, que ya cuenta con instrumentos para ello en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
La futura ley fomentará el uso generalizado de la mediación al margen de los tribunales, tanto en el Derecho Privado como en el Derecho Público, como forma de disminuir el gran volumen de asuntos que llegan a la Administración de Justicia. De este modo se evitará el recurso a la vía judicial en contextos sociales como el familiar, el escolar, el mercantil y el administrativo, a través de la aproximación de posturas y la consecución de acuerdos entre las partes litigantes.
El procedimiento extrajudicial previsto, al que podrán acudir voluntariamente personas físicas y jurídicas, tendrá una duración máxima de tres meses y otorgará validez y obligatoriedad a los acuerdos que se adopten a su finalización. Asimismo, se reconocerá el derecho a la mediación gratuita para todos los ciudadanos que cumplan los requisitos que actualmente rigen en el caso de la asistencia jurídica gratuita.
De acuerdo con el borrador de la norma, la mediación será ofrecida por instituciones, colegios profesionales, asociaciones, entidades, fundaciones y profesionales liberales que acrediten experiencia y formación en esta materia.
Para la coordinación de todas las iniciativas en esta materia, el texto prevé la creación del Centro de Mediación de Andalucía, órgano que estará adscrito a la Consejería de Justicia y Administración Pública y que también se encargará de la formación de los mediadores y de gestionar el Registro General de Personas y Entidades Mediadoras.
El anteproyecto prevé además la constitución de la Comisión Coordinadora de Mediación, que estará integrada por representantes de la Junta de Andalucía, de los colegios profesionales y de las entidades inscritas en el Registro. Entre sus funciones figurarán las de planificar y evaluar el desarrollo del servicio.
En cuanto al régimen disciplinario, la norma prevé sanciones que van desde una multa de 3.000 euros hasta la baja definitiva en la prestación de la mediación por las infracciones que se puedan cometer en este procedimiento.
Con la ley andaluza de Mediación se dará respuesta a una de las principales propuestas incluidas en el Pacto de Estado para la Reforma de la Justicia, que apuesta por el impulso de las fórmulas de arbitraje y conciliación.
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