El Consejo de Gobierno ha aprobado el Plan Andaluz de Vivienda y Suelo 2003- 2007, que prevé 250.000 proyectos en promoción de vivienda protegida, obras de rehabilitación y dotación de suelo residencial. Estas intervenciones beneficiarán a más de medio millón de andaluces y movilizarán unos recursos económicos de 5.000 millones de euros, de los cuales 1.400 corresponderán a la inversión presupuestaria de la Junta de Andalucía y el resto será generado a través de convenios con entidades financieras.
En comparación con planes anteriores, la formulación de la política de vivienda para los próximos años incluye como principal novedad la firma de acuerdos de cesión de suelo gratuito o a bajo precio para construcción de viviendas protegidas con los ayuntamientos de las 164 poblaciones andaluzas de mayor relevancia territorial (las de más de 20.000 habitantes y las situadas en el litoral y en las áreas metropolitanas). Con esta medida, la Junta pretende mantener la oferta de viviendas protegidas e incidir en el mercado para suavizar las subidas de precios que registra el sector inmobiliario.
Igualmente novedosa es la creación de la denominada Reserva de Eficacia, figura con la que se destinarán cupos adicionales de proyectos de vivienda protegida para aquellas entidades locales que hayan cumplido los objetivos inicialmente planteados en sus acuerdos con la Junta de Andalucía. Esta reserva estará dotada con una financiación adicional equivalente al 20% del total de las inversiones que prevé generar el plan.
El documento aprobado hoy también introduce medidas para apoyar a las familias de rentas medias que hasta ahora no podían acceder a la vivienda protegida y que, sin embargo, quedaban fuera del mercado libre debido a los elevados precios del sector inmobiliario. Además, mantiene las prioridades establecidas en el plan anterior en relación con los jóvenes, las personas mayores, la integración social de los colectivos más desfavorecidos, la recuperación de barriadas y la puesta de las viviendas desocupadas en el mercado de alquiler.
De las 250.000 intervenciones programadas para el próximo quinquenio, 60.000 corresponden a viviendas en venta, 20.000 a alquiler y 100.000 a rehabilitación. En materia de suelo, el plan prevé el desarrollo de 20.000 actuaciones, mientras que las 50.000 restantes se destinan a la citada Reserva de Eficacia.
Vivienda protegida
En el apartado de vivienda protegida para venta se crea una nueva figura de apoyo destinada a familias con ingresos medios, de hasta 4 veces el Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Con ella se dará cobertura a un importante segmento de población que actualmente queda fuera del mercado libre debido a los altos precios y tampoco puede acceder a las viviendas protegidas por sobrepasar los topes de ingresos fijados hasta ahora.
Esta oferta, que se aplicará principalmente en suelos procedentes de las reservas municipales de suelo residencial, prevé la construcción de viviendas de entre 70 y 90 m2 de superficie, ampliable hasta los 120 m2 en el caso de que se destinen a familias numerosas. Los precios de las primeras oscilarán entre los 55.300 y los 105.078 euros, en función del municipio y de la dotación de garajes y trasteros.
Por su parte, las viviendas para unidades familiares con ingresos inferiores a 2,5 veces el SMI tendrán como norma general una superficie máxima de 70 m2, ampliable a 90 m2 en el caso de familias numerosas, y unos precios de entre 50.104 y 70.705 euros. Los adjudicatarios se beneficiarán de la concesión de un préstamo cualificado y de una ayuda para la cuota de entrada. En el caso de que sus rentas se sitúen por debajo de las 1,5 veces el SMI, podrán contar además con una ayuda autonómica extraordinaria equivalente al 6% del precio de la vivienda, que se destinará a rebajar la cuota mensual hipotecaria.
Los jóvenes menores de 35 años recibirán una ayuda suplementaria de 600 euros para gastos de escritura, mientras que los adjudicatarios de viviendas públicas en alquiler que compren una vivienda en propiedad podrán percibir una subvención de 7.500 euros.
Alquiler
En el capítulo de alquiler, el plan establece cinco líneas de intervención. La primera de ellas facilitará la construcción de viviendas para familias con ingresos inferiores a 2,5 veces el SMI, mediante la subsidiación durante diez años al promotor de un 30% del préstamo bancario cualificado que se le conceda. Estas viviendas tendrán una superficie de 70 m2 (90 m2 para familias numerosas) y unas rentas mensuales de entre 139 y 196 euros.
En segundo lugar, y como novedad destacada, se prevé la creación de Bolsas de Alquiler en las principales poblaciones andaluzas para fomentar el arrendamiento de viviendas desocupadas. Estas bolsas serán gestionadas por entidades públicas o sin ánimo de lucro que garantizarán al arrendador tanto el cobro de la renta (un máximo de 5,5 euros por m2) como el mantenimiento de la vivienda.
Igualmente novedosa es la creación de la figura de los Alojamientos de Protegidos en Alquiler, unidades habitacionales a medio camino entre la vivienda individual y la residencia colectiva que se destinan a personas de recursos económicos limitados hasta 2,5 veces el SMI con necesidades temporales de vivienda. Este es el caso, entre otros, de los trabajadores temporeros agrarios y de los familiares de enfermos hospitalizados en una localidad distinta a la de residencia habitual. La superficie de estos alojamientos oscilará entre los 12 y los 40 m2 útiles, con unas rentas que van desde los 79,5 y a los 87,5 euros.
Los dos restantes programas en materia de alquiler previstos en el plan se centran en el objetivo de facilitar la integración de jóvenes, personas mayores y familias con especiales dificultades sociales cuyos ingresos no alcanzan el SMI.
En el primer caso, se fomentará la construcción de promociones específicas destinadas a integrar jóvenes y personas mayores en un mismo edificio o grupo de alojamientos. El 80% de estas viviendas se destinará a jóvenes con ingresos de hasta 2,5 veces el SMI y el resto a personas mayores con ingresos inferiores al SMI, con unas cuotas mensuales que oscilarán entre los 79,5 y los 146 euros.
En cuanto a las unidades familiares con especiales dificultades sociales y rentas por debajo del SMI, el plan introduce un nuevo programa para facilitar su integración en comunidades de vecinos con mayores recursos y sin problemática social, mediante una subsidiación del 50% de la renta de arrendamiento. Además de esta nueva iniciativa, la Junta continuará con el desarrollo de sus programas de alquiler destinados a la misma capa social, en los que se establecen rentas mensuales de entre 46 y 51 euros mensuales.
Rehabilitación
En el apartado de rehabilitación, el plan proseguirá la línea iniciada en años anteriores con el fin de facilitar la transformación de infraviviendas, con ayudas máximas de entre 22.500 y 23.000 euros para propietarios de ingresos inferiores a 1,5 veces el SMI si la vivienda está ocupada y de hasta 2,5 veces el SMI si está desocupada.
También se seguirá aplicando la figura de la rehabilitación autonómica, destinada a unidades familiares con rentas inferiores a 2,5 veces el SMI y que establece ayudas de hasta el 50% del coste de la obra, con un tope de 14.000 euros para el presupuesto total.
De nueva creación son las subvenciones para rehabilitación de edificios que se concederán a comunidades de propietarios en las que al menos el 50% de los mismos no superen el nivel de ingresos equivalente a 2,5 veces el SMI.
Además, la Junta continuará desarrollando sus programas de rehabilitación en centros históricos y barriadas. En el primer caso se presta especial atención a mejorar las condiciones de alojamiento, recuperar viviendas desocupadas y eliminar las barreras arquitectónicas. Actualmente estas iniciativas, denominadas de rehabilitación concertada, se llevan a cabo en 23 zonas urbanas de la comunidad autónoma, entre ellas el barrio del Albaicín en Granada, el recinto intramuros de Úbeda (Jaén) y los centros históricos de Alcalá de los Gazules (Cádiz) y Santa Fe (Granada).
En cuanto a las barriadas, la Junta seguirá interviniendo para hacer frente a procesos de degradación sobre la base de experiencias ya desarrolladas en zonas como La Chanca en Almería, Polígono Almanjáyar en Granada, Cerro de Moro en Cádiz o Polígono Sur en Sevilla.
Dotación de suelo
Finalmente, en materia de suelo, el plan prevé un total de 20.000 intervenciones orientadas a proporcionar los terrenos necesarios para el desarrollo de los programas de vivienda protegida. En este sentido, se prevé la creación de patrimonios municipales y autonómicos de suelo a partir de los nuevos terrenos de uso residencial que se generan con el desarrollo de las normativas urbanísticas.
Para los patrimonios municipales, el plan establece que al menos el 70% de su superficie total edificable se destine a la construcción de viviendas protegidas, con un precio del suelo que no podrá superar el 15% del importe máximo de venta de la vivienda.
En cuanto al patrimonio autonómico, la adquisición de terrenos por parte de la Comunidad Autónoma se destinará a las reservas estratégicas de suelo y a la ejecución de los programas promovidos por la Junta como el llevado a cabo en el barrio sevillano de San Bernardo para dar respuesta a los desajustes del mercado en los territorios con mayores dificultades de acceso a la vivienda.
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