El Consejo de Gobierno ha aprobado el decreto que adapta el ejercicio de las competencias de la Administración autonómica a la nueva Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía y a la reciente creación de la Secretaría General de Ordenación del Territorio y Urbanismo y de la Dirección General de Urbanismo.
El decreto mantiene básicamente el mismo reparto de funciones entre las distintas instancias de la Junta con competencias en estas materias, si bien especificando las correspondientes a los dos órganos creados (Secretaría General y Dirección General) y añadiendo las relativas a las nuevas figuras recogidas en la Ley de Ordenación Urbanística.
De este modo, la Secretaría General de Ordenación del Territorio y Urbanismo asume las mismas funciones que tenía la antigua dirección general del mismo nombre. Por su parte, la Dirección General de Urbanismo centra su cometido en la elaboración y aprobación de los estudios previos de los planes urbanísticos que son de iniciativa autonómica, así como en el fomento de estudios y proyectos.
En cuanto a las nuevas competencias introducidas por la Ley de Ordenación Urbanística, el decreto asigna a la Consejería de Obras Públicas y Transportes las relativas a la formulación y aprobación de las denominadas Normativas Directoras para la Ordenación Urbanística (disposiciones básicas para aquellos municipios que no cuentan con normas de planeamiento urbano).
La Consejería también añade a sus funciones la aprobación de los planes de ordenación intermunicipal, el establecimiento de reservas de terrenos para el Patrimonio Autonómico de Suelo y la delimitación de las áreas para el ejercicio de los derechos de tanteo y retracto, competencias todas ellas referidas a los municipios que se definen como de mayor relevancia en la legislación urbanística autonómica (mayores de 50.000 habitantes, incluidos en áreas metropolitanas, etc.). Estas mismas funciones las asume en el resto de los municipios la Secretaría General de Ordenación del Territorio y Urbanismo.
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