El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy el proyecto de la Ley de Universidades de Andalucía (LAU), en el que se incluyen medidas para reforzar la calidad, la autonomía y el carácter de servicio público de estos centros.
La norma, que sustituirá a la actual Ley de Coordinación del Sistema Universitario Andaluz, recoge, entre otras novedades, el reconocimiento de nuevas figuras laborales para impulsar la labor docente e investigadora del profesorado y la creación de la Agencia de Evaluación de la Calidad, del Consejo Asesor de los Estudiantes Universitarios y de la figura del Defensor Universitario.
Asimismo, la futura ley apostará por el mantenimiento del Distrito Único para el ingreso en cualquiera de las nueve universidades públicas de la comunidad, respetando siempre el principio de autonomía y evitando la diversidad de pruebas que propicia la nueva ley orgánica estatal.
La Agencia de Evaluación de la Calidad prevista en el texto desarrollará sus trabajos en las áreas de evaluación, certificación y acreditación, tanto para actividades investigadoras y docentes como en lo referido a gestión. Este organismo autónomo de carácter independiente tendrá un director nombrado por la Consejería de Educación y Ciencia, una vez oído el Consejo Andaluz de Universidades, y un consejo rector integrado por un presidente, un vocal para cada una de las tres áreas y otros cinco elegidos entre profesionales de reconocido prestigio en los ámbitos de la gestión, la docencia y la investigación.
En materia laboral, el proyecto incorpora una nueva figura, la del profesorado contratado doctor ordinario, que hará posible la contratación de aquellos doctores que acrediten al menos tres años de experiencia docente e investigadora y cuenten con el informe favorable de la Agencia de Evaluación de la Calidad. También se crea una figura similar, la del profesorado contratado doctor extraordinario, para aquellos profesionales dedicados a la docencia o a la investigación especializada que no hayan tenido relación con la universidad contratante en los últimos cinco años. En este caso se exige igualmente el informe favorable de la Agencia de Evaluación de la Calidad.
Participación
El texto de la LAU incluye en su articulado diversas normas dirigidas a ampliar y hacer más cualificada la representación de los diferentes sectores sociales que tienen relación con el sistema universitario.
La principal novedad en este sentido se refiere a la composición de los Consejos Sociales de las Universidades, que estarán formados por 23 miembros y podrán incorporar por primera vez a representantes externos que colaboren en programas de I+D, formación práctica del alumnado y otras iniciativas. Estos consejos tendrán competencias en los ámbitos presupuestario, patrimonial y de gestión, programación y coordinación de los agentes de la comunidad universitaria.
Para impulsar la participación de los alumnos y garantizar sus derechos, se prevé la constitución del Consejo Asesor de los Estudiantes Universitarios de Andalucía. También de nueva creación será la figura del Defensor Universitario en cada una de las nueve universidades públicas de la comunidad. De acuerdo con el principio de autonomía, los estatutos de los distintos centros establecerán el procedimiento de selección, la duración del mandato y el régimen de este nuevo cargo, que velará por el respeto de los derechos y libertades de profesores, estudiantes y personal de administración y servicios.
La LAU reforzará asimismo el papel del Consejo Andaluz de Universidades como instancia de coordinación y planificación del sistema universitario andaluz, mediante la creación en su seno de una nueva comisión específica para fomento de la calidad. Este organismo incorporará entre sus integrantes al director de la Agencia Andaluza de Evaluación de la Calidad, así como a cinco miembros designados por el Parlamento de Andalucía entre personalidades de reconocido prestigio en las áreas científica y cultural.
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