El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy el proyecto de la Ley Andaluza de Coo-peración Internacional para el Desarrollo, norma que fija las bases de la política de la Junta para ayudar a erradicar la pobreza y promover el desarrollo sostenible en el mundo.
El texto, que será remitido al Parlamento de Andalucía para su aprobación definiti-va, señala como áreas prioritarias Iberoamérica, el Norte de África, Oriente Medio y África Subsahariana, con especial atención a los países de menor índice de desarrollo humano. Su redacción ha contado con el acuerdo de la Coordinadora Andaluza de Organizaciones No Gubernamentales, así como de las universidades y los principales agentes económicos y sociales de la comunidad autónoma.
La futura ley constituirá el marco normativo de los programas de cooperación exte-rior que la Junta desarrolla desde 1986. Entre sus principales aportaciones destaca el reforzamiento de los mecanismos de planificación a través de la creación de la figura del Plan Andaluz de Cooperación para el Desarrollo, de periodicidad cuatrienal. Este instru-mento se complementará con una serie de programas operativos específicos destinados a las principales áreas receptoras, como Marruecos y los países centroamericanos.
El proyecto también incorpora nuevas modalidades de cooperación, entre ellas la aportación de fondos a organismos internacionales o la creación de una línea de ayuda humanitaria para afrontar emergencias y ayudar a poblaciones en situaciones críticas. Como instrumentos básicos de actuación, se señalan los relativos a formación de recursos humanos, transferencia de tecnología, asesoramiento técnico, aportaciones económicas en condiciones no reembolsables y apoyo a la investigación, además de programas dirigidos a la sensibilización de la opinión pública andaluza.
Para evaluar la efectividad de cada proyecto, la norma establece diversos criterios referidos al impacto económico y social, la viabilidad técnica y financiera, la eficacia de ejecución, el reforzamiento de la capacidad institucional de los países destinatarios y la atención otorgada al medio ambiente y a la igualdad entre sexos. En términos generales, se considera al individuo como protagonista y destinatario último de la cooperación y se antepone el principio de igualdad sin distinción de sexo, raza, cultura o religión.
Participación social
En el ámbito institucional, el texto aprobado hoy incluye como principal novedad la creación del Consejo Andaluz de Cooperación, órgano consultivo y de participación adscrito a la Consejería de la Presidencia y en el que estarán representadas entidades locales, sindicatos, empresarios y organizaciones no gubernamentales, además de la propia Administración autonómica. También se prevé la creación de la Comisión de Cooperación para el Desarrollo, órgano de la Administración de la Junta de Andalucía que se encargará de la coordinación de las políticas en esta materia.
El proyecto de ley consolidará la participación de la sociedad andaluza en los pro-gramas de cooperación exterior, fundamentalmente a través de ayudas a proyectos de organizaciones no gubernamentales y universidades y convenios con organizaciones empresariales y sindicales.
Andalucía es la única comunidad autónoma que incluye a todos estos agentes so-ciales en su política de cooperación internacional. En concreto, el pasado año las ONGs andaluzas presentaron 46 proyectos, que fueron financiados con una subvención total de 8,6 millones de euros. Las universidades andaluzas obtuvieron ayudas de 880.000 euros para 59 proyectos, mientras que las organizaciones sindicales desarrollaron 11 iniciativas con una financiación de 600.000 euros. Por su parte, la Confederación de empresarios de Andalucía lleva a cabo un proyecto en Guatemala, financiado con 269.553 euros.
En términos generales, Andalucía se destaca actualmente como la comunidad autó-noma que más recursos destina a la cooperación internacional para el desarrollo, con casi 30 millones de euros presupuestados para este año.
Índice