SESIÓN DEL

LA JUNTA REGULA EL DERECHO A LA INFORMACIÓN DE LOS CONSUMIDORES EN LA COMPRA DE VEHÍCULOS USADOS

El Consejo de Gobierno ha aprobado el decreto que regula el derecho a la informa-ción de los consumidores en la adquisición de vehículos usados. Esta norma regirá para todos los establecimientos del ramo, independientemente de la propiedad de los vehículos en venta, si bien no será de aplicación en las transacciones realizadas por particulares.

Entre otras medidas, el texto obliga a que cada coche expuesto a la venta cuente con un cartel anunciador en el que se detallen todos los aspectos esenciales de interés para el comprador: antigüedad, kilometraje, fecha de la primera matriculación, tipo de uso que se le ha dado, precio con impuestos incluidos e información sobre si el vehículo tiene o no garantía y sobre si es propiedad del establecimiento o se encuentra en depósito.

De igual modo, la norma exige un documento individualizado a disposición del consumidor, en el que, además de la información del cartel anunciador, se indicará la fecha y el resultado de la última inspección técnica, se señalará si el vehículo está libre de cargas (con certificación del ayuntamiento correspondiente) y se especificará si ha sufrido daños o accidentes que hayan conducido a reparaciones de envergadura (incluyendo el resultado de las revisiones inmediatamente posteriores).

Este documento individualizado, que también recogerá información sobre las con-diciones de garantía, pasará a formar parte del contrato una vez que se decida la transac-ción comercial, lo que refuerza la posición del comprador ante posibles reclamaciones y compromete al vendedor en relación con las características detalladas.

Respecto a la garantía, la normativa estatal actualmente en vigor fija un mínimo de un año para bienes usados, con derecho a reparación en caso de fallos y plazo de dos meses para presentar la reclamación.
El decreto aprobado por el Consejo de Gobierno establece, finalmente, un régimen sancionador con distintos grados de infracciones según el daño causado al consumidor y de acuerdo con la vigente Ley de Consumidores y Usuarios de Andalucía.

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