El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy el proyecto de Ley del Sistema Andaluz de Bibliotecas y Centros de Documentación, norma que tendrá como objetivos prioritarios ampliar el acceso de todos los ciudadanos a los registros culturales y asegurar la protección del patrimonio bibliográfico de la comunidad autónoma. El nuevo texto sustituirá a la actual ley de 1983, que en su día fue pionera en España pero que ahora demanda una adaptación para dotar a las bibliotecas de un papel activo y relevante en la actual sociedad de la información.
Como principal novedad, el proyecto de ley amplía el concepto del Sistema Bibliotecario de Andalucía e incluye a las bibliotecas especializadas (básicamente universitarias) y a los centros de documentación, con lo que se refuerzan las posibilidades de intercambio de recursos y de información. Estos centros se sumarán a los que actualmente forman parte del Sistema y se benefician de su apoyo técnico y financiero: ocho bibliotecas públicas provinciales, 708 bibliotecas públicas municipales y nueve privadas de uso público, además de las escolares, las dependientes de otras instituciones públicas y la Biblioteca de Andalucía.
El texto aprobado hoy establece diversas medidas para ampliar la dotación de bibliotecas a través de la cooperación entre las distintas administraciones. Destacan en este sentido la elaboración de un plan cuatrienal que marcará las prioridades en la materia y la obligación de que las diputaciones provinciales colaboren con los ayuntamientos a fin de asegurar la prestación de servicios bibliotecarios en los municipios de menos de 5.000 habitantes. La Consejería de Cultura, por su parte, aprobará anualmente, según los créditos consignados en el presupuesto de la comunidad autónoma, su programa de cooperación con las entidades locales para la construcción de nuevas bibliotecas y la dotación de medios e infraestructuras.
Otro instrumento previsto es el Atlas de los Recursos del Sistema Bibliotecario, que deberá estar elaborado en un plazo de tres años y donde se recogerá información exhaustiva acerca de las instituciones, servicios, redes y elementos que forman parte del mismo.
En la misma línea de ampliar las posibilidades de acceso a los registros culturales andaluces, el proyecto de ley presta especial atención a las minorías étnicas y lingüísticas y a los sectores sociales en situación de desventaja. De este modo, se fomentarán iniciativas como el Programa Piloto de Bibliotecas Multiculturales que actualmente desarrolla la Junta de Andalucía para que los inmigrantes puedan contar con información y materiales orientados a su integración social y a la preservación de su cultura.
Mayor protección
Otras medidas recogidas en la norma se dirigen a mejorar la protección de los registros culturales andaluces, tanto los de formato impreso como los recogidos en grabaciones de contenido de transmisión oral. Destacan en este aspecto dos novedades: la creación del Depósito Patrimonial Bibliográfico Andaluz y el establecimiento de la figura del Bien de Interés Bibliográfico.
El Depósito Patrimonial Bibliográfico, que tendrá su sede central en la Biblioteca de Andalucía, recogerá obligatoriamente ejemplares de todas aquellas obras impresas producidas, tanto en la comunidad como en el exterior, por personas físicas y jurídicas domiciliadas en Andalucía que hayan recibido ayudas públicas o beneficios fiscales para la publicación. De esta obligación se exceptúan el material de oficina y los impresos de carácter social o comercial sin grabados artísticos ni textos de tipo técnico o literario. Para su depósito voluntario se señalan las obras producidas fuera de Andalucía, sin beneficios fiscales o ayudas públicas, por personas físicas y sociedades con domicilio en la comunidad autónoma. También se podrán entregar grabaciones de contenido de transmisión oral.
En cuanto al Bien de Interés Bibliográfico, esta nueva figura de protección, similar a la que ya funciona para otros ámbitos del patrimonio histórico y cultural andaluz, se podrá aplicar a una determinada obra en función de su interés, bien de oficio por la Consejería de Cultura o bien a petición de particulares e instituciones.
Finalmente, la futura ley se completará con un régimen sancionador específico, del que carece la actual norma de 1983. Dependiendo de la gravedad de las infracciones, para los usuarios se fijan sanciones que pueden llegar a los 60.000 euros, además de prever la suspensión de sus derechos de acceso por periodos de hasta dos años. Para los gestores de los centros se establecen las mismas multas, así como la suspensión de los beneficios del Sistema Andaluz de Bibliotecas por periodos de hasta tres años.
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