El Consejo de Gobierno ha acordado iniciar los trámites para reclamar al Grupo Boliden, por la vía administrativa, el reembolso de las cantidades que adeuda a la Junta de Andalucía por los trabajos de restauración de la cuenca del Guadiamar. Los gastos fueron asumidos por la Administración autonómica con carácter subsidiario tras el vertido producido en 1998 en las minas de Aznalcóllar (Sevilla), propiedad del grupo empresarial integrado por Boliden Apirsa, S.L., con sede en Sevilla, Boliden AB, empresa matriz domiciliada en Suecia, y Boliden AV, sita en Holanda.
Con el fin de llevar a cabo esta iniciativa, el Gobierno andaluz ha delegado en la Consejería de Medio Ambiente las competencias de los distintos departamentos que participaron en la restauración del Guadiamar para iniciar el procedimiento administrativo, instruir el expediente y resolver los trámites de reclamación de indemnizaciones.
La Junta reclamará al Grupo Boliden los 89,8 millones de euros ya solicitados en la demanda civil interpuesta en noviembre de 2002 para el resarcimiento de los costes asumidos por la Administración autonómica. Esa demanda no fue admitida a trámite por la Audiencia Provincial de Sevilla, que el pasado 3 de octubre dictó un auto en este sentido confirmando otro del 28 de diciembre de 2002. Con anterioridad, la misma instancia desestimó el recurso de la Junta contra el archivo de las actuaciones penales por parte del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 2 de Sanlúcar la Mayor (Sevilla).
Frente a los citados autos de la Audiencia Provincial de Sevilla, la Junta de Andalucía presentó el pasado 22 de octubre un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, por entender que vulneraban el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva recogido en el artículo 24 de la Constitución Española.
La rotura de la balsa de la mina de Boliden Aprisa provocó el vertido de seis millones de metros cúbicos de aguas ácidas y lodos contaminados en las cuencas de los ríos Agrio y Guadiamar. La mayoría de los proyectos para descontaminar y recuperar la zona se desarrollaron a lo largo de un tramo fluvial de 4.634 hectáreas de extensión y 62 kilómetros de longitud entre la mina y los límites del Parque Nacional de Doñana. En estos trabajos participaron las consejerías de Empleo y Desarrollo Tecnológico, Agricultura y Pesca, Salud y Medio Ambiente.
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