El Consejo de Gobierno ha aprobado el Plan Andaluz para la Inclusión Social 2003-2006, que destinará unas inversiones de 2.465,92 millones de euros a proyectos de fomento del empleo, vivienda, educación, inserción social, asistencia jurídica y ayudas económicas para los colectivos más desfavorecidos o con riesgo de exclusión.
El plan, que será desarrollado de forma integral y coordinada por las distintas consejerías del Gobierno andaluz con competencias en estas materias, ha sido elaborado con el consenso y la colaboración de asociaciones sociales, organizaciones no gubernamentales y Federación Andaluza de Municipios y Provincias.
De las inversiones previstas, la mayor dotación corresponderá a los proyectos para la inserción laboral de las personas que presentan mayores dificultades de acceso al mercado de trabajo, con un total de 678,9 millones de euros. Entre otras iniciativas, se desarrollarán itinerarios personalizados de inserción y se ofertarán prácticas profesionales con tutorías dirigidas a demandantes de primer empleo.
Con el objetivo de garantizar el acceso a recursos económicos mínimos, el plan establece un presupuesto de 344,5 millones de euros para el Ingreso Mínimo de Solidaridad (salario social) y el complemento de las pensiones no contributivas y asistenciales.
El resto de las inversiones se empleará en programas de atención sociosanitaria para personas en situación de dependencia (315,7 millones de euros); escolarización y lucha contra el absentismo escolar (304,9 millones); consolidación de la red de servicios sociales comunitarios (268,6 millones); uso de internet en centros educativos públicos (236,1 millones); acceso a la vivienda (208,2 millones); fomento del voluntariado y el asociacionismo en zonas deprimidas (50,1 millones), y atención al colectivo gitano (48,5 millones).
Otras iniciativas recogidas en el plan son las relativas a prevención de enfermedades de transmisión sexual y atención a drogodependientes con metadona (5,1 millones); estudios e investigaciones sobre inclusión social (3,1 millones) y prestación de servicios gratuitos de orientación jurídica a los reclusos (1,6 millones).
Índice