El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy el decreto que amplía las indemnizaciones a los ciudadanos andaluces que fueron encarcelados y represaliados por motivos políticos durante el régimen franquista.
Con la nueva norma, tendrán derecho a estas ayudas las personas que estuvieron en centros penitenciarios y campos de concentración por periodos de entre tres meses y tres años. El anterior decreto, en vigor desde 2001, sólo incluía los casos de más de tres años de privación de libertad que quedaron fuera de las indemnizaciones fijadas en 1990 por el Gobierno central.
De acuerdo con las previsiones de la Consejería de Justicia y Administración Pública, alrededor de 1.800 andaluces podrán beneficiarse de las nuevas ayudas, que serán abonadas en un pago único y cuyas cuantías oscilarán, dependiendo del tiempo de condena, entre un mínimo de 1.800 euros y un máximo de 5.640.
Residir en un municipio andaluz y acreditar la privación de libertad sufrida son algunos de los requisitos exigidos para los solicitantes. Si el ex preso o represaliado hubiera fallecido, podrán pedir la ayuda el cónyuge o aquella persona que sin serlo perciba pensión de viudedad por tal motivo. Los beneficiarios tanto de este decreto como del de 2001 contarán con un nuevo plazo de presentación de solicitudes, que será de tres meses a partir de la publicación de la norma en el BOJA. Se pretende así dar cobertura a aquellos andaluces que han encontrado dificultades de diversa índole en la certificación documental de su situación o bien presentaron su petición una vez concluido el anterior periodo legal.
Más que resarcir el daño sufrido por los presos y represalidados del franquismo, la norma aprobada hoy tiene como principal objetivo subrayar el reconocimiento público a su lucha en defensa de la libertad y la democracia. Al igual que el decreto de 2001, esta medida responde a la voluntad mayoritaria de la sociedad andaluza expresada a través de colectivos sociales y el propio Parlamento autonómico.
Incluyendo las previsiones recogidas en ambas normas, la Junta destinará más de nueve millones de euros a indemnizar a los ciudadanos de la comunidad autónoma que sufrieron represalias por motivos políticos durante el franquismo.
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