El Consejo de Gobierno ha aprobado el Plan de Acción Integral para las Personas con Discapacidad en Andalucía (2003-2006), que destinará un gasto público de 932 millones de euros a proyectos de prevención, rehabilitación e integración social para hacer efectiva la igualdad de oportunidades de este colectivo, integrado por más de 700.000 ciudadanos andaluces.
De las inversiones previstas, la mayor dotación corresponderá a las políticas de Servicios Sociales (707,64 millones de euros), en las que se incluirán nuevos proyectos de apoyo a quienes se encargan del cuidado de personas en situación de dependencia, así como asesoramiento técnico para la adaptación de los hogares a sus necesidades de autonomía y asistencia personal.
Una de las principales novedades en este capítulo será la atención específica a los presos afectados por discapacidad intelectual, que actualmente representan el 2% de la población reclusa en Andalucía. Concretamente, la Junta pondrá a disposición de jueces y tribunales centros de día y residenciales como alternativa al internamiento en prisión.
Por su parte, las políticas de integración laboral previstas en el plan estarán dotadas con 127 millones de euros y se centrarán básicamente en iniciativas de acompañamiento a la inserción que se aplicarán por primera vez. De este modo, entre otras medidas, la Junta financiará la contratación de tutores encargados de asistir a trabajadores con discapacidad intelectual en el desarrollo de sus actividades laborales. También se recoge, en el ámbito del acceso a la función pública, un incremento del 3% al 5% en la reserva de plazas para personas con discapacidad dentro de las ofertas públicas de empleo de la Junta y el establecimiento de un cupo del 1% para discapacitados intelectuales.
En el capítulo de accesibilidad, presupuestado en 30 millones de euros, la Administración autonómica con los programas de eliminación de las barreras existentes en sus edificios, además de fomentar el desarrollo de iniciativas similares por parte de empresas y entidades públicas y privadas mediante la creación de un premio destinado a este fin.
Las medidas educativas recogidas en el plan (23,7 millones de euros) se centrarán sobre todo en ampliar las dotaciones de tecnologías de la información en las unidades de educación especial de los centros públicos de enseñanza y en incrementar los apoyos a los estudiantes universitarios con discapacidad.
Dentro del primer objetivo destaca la previsión de habilitar 3.000 nuevos ordenadores para su uso por alumnos discapacitados, mientras que en el ámbito universitario, se les eximirá del pago de las tasas y se crearán becas específicas para la adquisición de libros y ordenadores y para fomentar la figura de los denominados alumnos colaboradores (encargados de prestar ayuda a los afectados por discapacidad).
Vivienda
En materia de vivienda se destinarán 23 millones de euros a garantizar el cumplimiento efectivo de la reserva de un mínimo del 3% de edificaciones adaptadas en la oferta total de viviendas protegidas, así como a fomentar la accesibilidad y la eliminación de barreras arquitectónicas en los parques residenciales.
Por su parte, en el apartado de comunicación (20 millones de euros), destacan las previsiones de incrementar la subtitulación en los programas audiovisuales de la televisión pública andaluza y de adaptar todos los sitios web de la Junta mediante sistemas de lectura específicos adaptados a los invidentes y sordos.
El Plan se completa con diversas iniciativas en materia de salud (4,5 millones de euros); transportes (5,3 millones); turismo (2,6 millones y un programa específico de playas accesibles); deportes (6,3 millones), y cultura, con 300.000 euros para incentivar la edición de libros en Braille.
El documento ha sido elaborado con la colaboración y el acuerdo del Comité de Entidades de Representantes de Minusválidos (CERMI), la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) y los principales agentes sociales y económicos de la comunidad autónoma. En su desarrollo participarán las consejerías de la Junta con competencias en servicios sociales, empleo, la vivienda y transportes, educación, salud, comunicación, cultura, turismo y deporte.
Andalucía cuenta con 712.258 personas con discapacidad, de las que 323.421 son menores de 65 años. La prevalencia de las situaciones de discapacidad en la comunidad presenta una tasa de 106 por cada mil habitantes, superior a la media nacional.
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