El Consejo de Gobierno ha acordado imponer una sanción de 600.000 euros a las entidades mercantiles Open English Master Spain, S.A. y Grupo CEAC, SA., por infracciones muy graves contra la normativa en materia de defensa de los consumidores y usuarios. Con esta decisión la Junta culmina la serie de medidas que ha venido desarrollando desde el cierre de las academias Opening para prestar apoyo jurídico y económico a las personas que resultaron perjudicadas.
El expediente sancionador, iniciado en octubre de 2002 ante la masiva denuncia de los afectados, subraya las numerosas prácticas abusivas y fraudulentas en las que incurrieron estas empresas a raíz del cierre unilateral de sus centros de enseñanza del inglés en las provincias de Cádiz, Huelva, Jaén, Málaga y Sevilla. Este hecho supuso, en primer lugar, un incumplimiento unilateral de los contratos suscritos con más de 8.149 personas que habían pagado por anticipado el importe total de los cursos, bien al contado o bien a través de contratos de financiación y de cesión de crédito.
Los alumnos que pagaron al contado, alrededor de 600, no han obtenido reembolso alguno, ni de del importe de los cursos no impartidos cuyo periodo se alarga en algunos casos hasta el año 2004 ni de la indemnización prometida por no obtener los resultados que la empresa aseguraba garantizar.
En otros casos, Opening utilizó diversas fórmulas irregulares para obtener el importe por anticipado. De este modo, suscribió contratos de pago aplazado sin que los alumnos fueran previamente informados de que en realidad se les estaba concertando la solicitud de un préstamo y tampoco de sus condiciones (porcentaje de interés, comisiones, TAE, etc.). Los perjudicados no tuvieron la posibilidad de negociar estos créditos, ya que Opening actuaba como agente de las entidades prestamistas. Asimismo, carecían de la correspondiente copia del contrato que la empresa, en su actuación como intermediaria, debió entregarles. Como consecuencia de todo ello, y para evitar perjuicios mayores como posibles inclusiones en listados de morosos, 4.476 alumnos se vieron obligados a seguir realizando pagos mensuales a las entidades crediticias, sin recibir nada a cambio.
Por su parte, a los restantes 2.923 perjudicados Opening les hizo suscribir contratos de cesión de crédito, sobre cuya naturaleza y efectos tampoco informó. En estos documentos de cesión se incluían claúsulas abusivas en cuanto a imposición de modos de pago, aceptación de determinadas entidades financieras, carencia de reciprocidad de obligaciones y posibilidad de exigir el abono total por causas imputables al cliente. Al igual que en el caso anterior, los alumnos se vieron obligados a seguir realizando pagos mensuales para evitar perjuicios mayores.
Circunstancias agravantes
El expediente sancionador subraya que todas estas infracciones están tipificadas como muy graves por la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios. En concreto, se resalta la existencia de engaño por parte de la empresa a la hora de suscribir los contratos, así como la práctica inequívocamente fraudulenta de seguir firmándolos en esos términos abusivos incluso tras haber sido declarada en suspensión de pagos.
Como circunstancias agravantes, el Consejo de Gobierno destaca la generalización de la infracción cometida, con más de 8.000 personas afectadas en la comunidad autónoma; el grado de intencionalidad que se desprende de los hechos demostrados, y el elevado beneficio económico obtenido por las empresas responsables sin prestar a cambio los servicios pactados.
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