El Consejo de Gobierno ha autorizado hoy al Gabinete Jurídico de la Junta para incluir a la Administración General del Estado en la demanda interpuesta contra las seis grandes empresas que controlan el mercado del tabaco en Andalucía. El Gobierno andaluz adopta esta decisión tras el auto dictado el pasado 5 de febrero por el Juzgado de Instrucción número 68 de Madrid, que le obligaba a ello por mandato judicial en un plazo de quince días hábiles para poder continuar con el proceso o, en caso contrario, proceder a su archivo definitivo.
El juez ha considerado que puede haber responsabilidad patrimonial del Estado en la comercialización del tabaco, debido al monopolio que tuvo hasta 1998. Frente a esta tesis, la Junta defendía que la Administración central únicamente ejerció un monopolio de carácter fiscal. Por su parte, la propia Audiencia de Madrid también rechazó en su día la implicación del Estado al estimar que la compañía Altadis asumió todos los derechos, obligaciones y responsabilidades futuras de la antigua Tabacalera tras ser privatizada.
La demanda de la Junta fue presentada en abril de 2001 contra las firmas Altadis, Philip Morris Spain, Tabacos Canary Islands, British American Tobacco España, Cita y JT International, que monopolizan más del 90% de la producción y distribución del tabaco en la comunidad autónoma. En ella se les reclama más de 1,7 millones de euros en concepto de indemnización al sistema sanitario público andaluz por los gastos derivados de la asistencia a 135 pacientes con enfermedades asociadas al tabaquismo. La reclamación se basa en un artículo del Código Civil español sobre responsabilidad objetiva, que señala que todo aquel que se enriquezca produciendo daño a un tercero debe pagar por ese perjuicio.
El objetivo del proceso es conseguir que se declare la relación causa-efecto entre el consumo de tabaco y el desarrollo de determinadas patologías, fundamentalmente la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el infarto de miocardio y el cáncer de pulmón. De igual modo, se pretende determinar que la industria tabaquera no solo es causante de este daño, sino también, al lucrarse con su actividad, responsable del mismo y del gasto sanitario que ocasiona.
Como base argumental, la Junta dispone de las historias clínicas de más de 300 pacientes andaluces diagnosticados de infarto de miocardio, cáncer de pulmón y enfermedad pulmonar obstructiva crónica, además de estudios analíticos que demuestran de manera irrefutable que los cigarrillos contienen elementos no declarados por las tabaqueras, entre ellos el amoniaco, cuyo objetivo es incrementar la adicción de los fumadores.
Diversos estudios epidemiológicos elaborados por la Administración sanitaria andaluza han puesto de manifiesto que el tabaco está en el origen de 10.000 muertes anuales en la comunidad autónoma. Igualmente, es responsable del 16% de los cánceres diagnosticados en Andalucía y del 30% de los fallecimientos por esta enfermedad, además de destacarse como la causa más directa de graves episodios cardiovasculares y respiratorios.
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