El próximo 28 de febrero, Andalucía celebrará el XXIV aniversario del referéndum autonómico por el que nuestra Comunidad accedió a la autonomía plena establecida en la Constitución Española de 1978, el marco jurídico y político que ha hecho posible la convivencia armónica de todos los españoles y en el que hunde su legitimidad el Estatuto de Autonomía de Andalucía.
Casi un cuarto de siglo que se ha saldado con un cambio sin precedentes en la historia contemporánea de Andalucía y que nos ha permitido alejar definitivamente el fantasma del subdesarrollo y la marginación que durante mucho tiempo marcaron el signo de nuestra Comunidad Autónoma. Es más, hoy, Andalucía presenta una economía crecientemente competitiva y abierta al exterior. Se han eliminado los cuellos de botella que suponían un auténtico dogal para nuestro desarrollo y ahora tanto nuestras infraestructuras de transporte y de comunicaciones como la formación del capital humano andaluz presentan parámetros perfectamente homologables a los de nuestro entorno español y europeo.
Andalucía, además, goza de instituciones democráticas de autogobierno que nos permiten afianzar nuestra estima y aprovechar sin trabas nuestras enormes potencialidades de desarrollo en todos los ámbitos.
Sin duda que toda esta maduración supone una auténtica garantía de éxito ante los nuevos retos que la sociedad andaluza del siglo XXI debe abordar con confianza y determinación. La capacidad transformadora de los andaluces ha quedado notablemente demostrada en esta etapa autonómica y ahora debemos afrontar un nuevo impulso, de calibre e intensidad similar al experimentado en estos 24 años, para que Andalucía pueda situarse entre las regiones más importantes y prósperas de Europa. La acumulación de esfuerzos en todos estos años y los logros obtenidos deben animarnos a un nuevo y definitivo empeño para que los andaluces puedan alcanzar las mayores cotas de bienestar de la Unión Europea.
Para ello, es necesaria la más firme implicación de todas las fuerzas políticas y sociales de la Comunidad Autónoma. Todos sin exclusión estamos llamados a la tarea común de la construcción de Andalucía para que cada día se multipliquen los alicientes para iniciativas emprendedoras destinadas a la creación de riqueza y empleo de calidad; el desarrollo compatible con la defensa del medio ambiente; y la consolidación y ampliación del Estado de Bienestar, especialmente en los avances en la educación para todos y la lucha contra cualquier forma de exclusión social.
Los próximos años serán claves para avanzar en los múltiples retos que se plantean a las nuevas generaciones de andaluces y se han articulado en torno al proyecto de la Segunda Modernización de Andalucía. El desarrollo de una cultura emprendedora y la innovación empresarial; la inversión en el conocimiento para imbricar a la sociedad y a la economía andaluza en la nueva sociedad de la información; los avances hacia una Andalucía de Alta Velocidad que garantice nuestro desarrollo y el equilibrio territorial de Andalucía, así como el establecimiento de nuevos derechos sociales para fortalecer la cohesión social y la solidaridad son algunos de los elementos claves de este segundo proceso transformador en el que ya estamos inmersos.
Para progresar en todos estos ámbitos, la sociedad andaluza, con toda legitimidad, se ha planteado igualmente la reforma del Estatuto de Autonomía, para hacer de él un instrumento aún más eficaz y moderno en el marco del más escrupuloso respeto y lealtad a la Constitución Española. Además, Andalucía puede y debe aportar su opinión y ejercer sin complejos su peso político en la modernización del Estado de las Autonomías.
La sexta legislatura autonómica está a punto de expirar. Han sido años fructíferos para la sociedad andaluza, aunque lamentablemente no hemos logrado resolver algunos de los importantes contenciosos entre el Gobierno Central y Andalucía, en especial el relativo a la importante deuda, reconocida e impagada, de la Administración Central del Estado con el conjunto de los ciudadanos y ciudadanas andaluces. La Junta de Andalucía mantiene intacta su voluntad de resolver a la mayor brevedad este conflicto. Una vez alcanzado un acuerdo sobre la cuantía de la deuda, no hay razón económica ni técnica para demorar aún más el abono de la deuda de 2.500 millones de euros que la Administración central mantiene con la Comunidad Autónoma. La inminente campaña electoral no puede suponer una excusa para aplazar las soluciones a los problemas de los ciudadanos.
En efecto, dentro sólo de dos semanas los andaluces y los españoles elegiremos a nuestros representantes. Todos estos desafíos no pueden, en modo alguno, quedar al margen de la campaña electoral. Antes al contrario, es justo y necesario que, por encima de las legítimas discrepancias políticas, las distintas formaciones que concurren a las elecciones ofrezcan un diseño serio y coherente para resolver los problemas y abordar el futuro con confianza y ambición para Andalucía.
No hay excusa ni justificación para que los andaluces se vean privados de este contraste de propuestas solventes para que el día de las elecciones los ciudadanos puedan elegir las que honestamente estimen mejores para el presente y el futuro de Andalucía. Y todo ello debe desenvolverse en un clima de consideración hacia los adversarios políticos; de respeto hacia la imagen y el buen nombre de Andalucía y haciendo prevalecer siempre los intereses generales de la Comunidad.
Andalucía, que durante siglos ha sido considerada un modelo de convivencia, debe fortalecer esos valores de respeto dentro y fuera de la Comunidad Autónoma, apostando por la paz como valor supremo y rechazando sin ambages el terrorismo en cualquiera de sus expresiones y la guerra, que tanta desolación y dolor sigue causando en el mundo.
Este nuevo aniversario del 28-F debe servir, en definitiva, para que los andaluces y andaluzas reforcemos nuestro compromiso con Andalucía y para que todos juntos podamos afrontar con ganas y confianza los nuevos desafíos y oportunidades que se abren ante nosotros.
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