El Gobierno andaluz ha aprobado la creación del Consejo Andaluz de Medicina Legal y Forense. Este nuevo órgano colegiado y consultivo se encargará de mejorar la calidad de los servicios en este ámbito de la Administración de Justicia y contará con la participación de jueces, fiscales, profesores universitarios, miembros de los Institutos de Medicina Legal y representantes de las consejerías de Educación, Salud y Justicia y Administración Pública. Estará presidido por el titular de este último departamento y coordinado por un profesional forense responsable de un Instituto de Medicina Legal.
Entre otras funciones, el Consejo Andaluz de Medicina Legal y Forense asesorará en materia de formación, impulsará la cooperación con universidades y otras instituciones, elaborará los protocolos de actuación para los forenses e informará sobre proyectos de docencia e investigación.
El Consejo de Gobierno también ha aprobado hoy la creación de la Comisión de Coordinación de los Institutos de Medicina Legal de Andalucía, que se encargará de homogeneizar las actividades de estos centros adscritos a la Administración de Justicia y mejorar su funcionamiento. La Comisión, también de carácter colegiado y consultivo, estará compuesta por representantes de la Consejería de Justicia y Administración Pública y por el coordinador general del Consejo Andaluz de Medicina Legal y Forense.
Los Institutos de Medicina Legal, en los que se han integrado los profesionales de los antiguos Institutos Anatómico-Forenses y de las clínicas forenses de los juzgados, funcionan actualmente en las provincias de Sevilla, Málaga, Córdoba, Almería y Granada. Para finales de 2004 está prevista su apertura en Cádiz, Huelva y Jaén. Estos centros se estructuran en dos servicios: el de Patología Forense, encargado de la realización de autopsias, identificación de cadáveres e investigación de casos de muerte o violencia, y el de Clínica Forense, destinado a peritajes médicos, valoración de daños corporales y control de lesionados. El trabajo de ambos servicios se desarrolla en coordinación con juzgados, hospitales y fuerzas de seguridad del Estado.
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