El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy el decreto que atribuye a distintos órganos de la Administración de la Junta las competencias sancionadoras en materia de consumo. Esta norma desarrolla la Ley de Defensa y Protección de los Consumidores y Usuarios de Andalucía, que entró en vigor el pasado 1 de marzo.
De acuerdo con el decreto, la imposición de sanciones de multa corresponderá al Consejo de Gobierno de la Junta en casos de infracciones muy graves para las que se hayan propuesto cantidades de entre 150.001 y 400.000 euros. También en el ámbito de las infracciones muy graves, tendrán competencias los titulares de la Consejería de Gobernación (entre 60.001 y 150.000 euros) y de la Dirección General de Consumo (entre 30.001 y 60.000 euros).
Para las infracciones leves o graves la competencia será de los titulares de las delegaciones del Gobierno de la Junta, que también se harán cargo de las sanciones de amonestación.
Los distintos órganos competentes para la imposición de multas también lo serán, en los casos más graves, para sanciones complementarias de otro tipo, como las relativas a cierre total o parcial, suspensión de actividades o no utilización de instalaciones o locales.
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