El Consejo de Gobierno ha tomado conocimiento de la orden de la Consejería de Industria, Energía y Minas por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de incentivos de transición justa, cuyo montante asciende a 169,2 millones de euros. Estas ayudas tienen como finalidad fomentar las inversiones o actuaciones necesarias para impulsar ecosistemas industriales sostenibles en las provincias de Almería (57,3 millones), Cádiz (76,8 millones) y Córdoba (35,1 millones).
Se trata de incentivos que se financiarán a través del Fondo de Transición Justa, un nuevo instrumento que incorpora el marco de la política de cohesión para el periodo 2021-2027 y que tiene como objetivo prestar apoyo a los territorios que se enfrentan a retos socioeconómicos derivados del proceso de transición climática. En el caso concreto de estas tres provincias, responden fundamentalmente al cierre de las centrales térmicas de carbón de Carboneras en Almería, Los Barrios en Cádiz y Puente Nuevo, en el Valle del Guadiato de la provincia de Córdoba.
La orden establece tres bloques susceptibles de beneficiarse de estos incentivos. Por un lado, el desarrollo de actividades industriales y servindustriales, donde se incluyen proyectos que impliquen diversificación económica, modernización y reconversión mediante inversiones productivas y de tecnologías y logística avanzada, así como las de la protección del medio ambiente y transformación ecológica y digital de la industria.
El segundo apartado da cobertura a proyectos de investigación, desarrollo, innovación y adquisición de servicios avanzados de apoyo a la industria para el desarrollo de capacidades para la especialización inteligente, la transición industrial, la iniciativa empresarial o la adaptabilidad de las empresas al cambio. Estas actuaciones buscan dar apoyo a inversiones que supongan la creación nuevas empresas, el refuerzo de las capacidades para el desarrollo tecnológico y la especialización inteligente o servicios avanzados de apoyo a las pymes; así como de refuerzo de la competitividad de la industria y que contribuyan a la economía con bajas emisiones de carbono.
El tercer eje recoge los incentivos para proyectos de mejora o desarrollo de infraestructuras y de espacios para la competitividad empresarial y su sostenibilidad económica, social y ambiental. En este apartado tienen cobijo aquellas actuaciones que supongan la mejora o creación de instalaciones, infraestructura o espacio empresarial; el fomento de las comunidades energéticas en estos entornos; la rehabilitación de zonas industriales y terrenos contaminados, y el apoyo a la infraestructura para los combustibles alternativos, entre otras.
Las bases reguladoras establecen que los incentivos se desplegarán a través de diversas convocatorias que podrán ser independientes e individualizadas para cada una de las provincias de transición justa, ecosistemas industriales, tipos de acción o sectores industriales, grupos de beneficiarios, ámbitos territoriales específicos, así como para los proyectos tractores identificados. En el caso de las grandes empresas se establecerán unos criterios particulares que servirán de base para la baremación de las solicitudes presentadas en concurrencia competitiva, para adjudicar los incentivos a las que hayan obtenido mayor valoración. Así, se tendrá en cuenta el volumen de creación de empleo directo, la rapidez en la ejecución de los proyectos, la colaboración empresarial y con agentes del conocimiento, los beneficios ambientales asociados que aporta, la incorporación de actuaciones de formación, o la participación de pymes innovadoras.
El pasado 29 de enero, el Consejo de Gobierno aprobó el Decreto de Transición Justa, que articula un abanico de instrumentos de apoyo económico, administrativo y medidas facilitadoras para el impulso de nuevos o renovados ecosistemas industriales en las provincias de Almería, Cádiz y Córdoba, entre los que se encuentra la concesión de incentivos para mantener actividades industriales y crear nuevas que compensen el tejido productivo perdido en las provincias más afectadas por la transición climática debido al cierre de centrales térmicas de carbón.
Uno de sus objetivos es el fomento de inversiones productivas vinculadas a los denominados proyectos tractores de transición justa, que se establecen como vehículo para articular esas inversiones que den respuesta a la pérdida de industria y de empleo asociado. Para ser considerados tractores, los proyectos deben responder a alguno de los siguientes objetivos: la transformación ecológica y digital de la industria, incluyendo la economía circular; el desarrollo de la cadena de valor de las energías renovables, el autoconsumo, el almacenamiento energético y el hidrógeno renovable o la diversificación económica de los territorios.
La Consejería de Industria, Energía y Minas ya trabaja en la configuración de nueve proyectos tractores centrados en ámbitos con un alto componente innovador como la generación y uso de nuevos vectores energéticos, incluido el hidrógeno verde; la recogida y transformación de residuos; la aviación sostenible; la logística avanzada, y la industria para una agricultura sostenible de alta productividad, así como en aquellos que ayudarán a la transformación sostenible de sectores más tradicionales como son a construcción naval o la piedra y mármol, e incluso permitirán avanzar en nuevos ámbitos de especialización inteligente como la edificación industrializada.