El Consejo de Gobierno ha tomado conocimiento de la entrada en funcionamiento de los nuevos Servicios Integrales de Medio Abierto (SIMA), equipos multidisciplinares encargados de la ejecución de las medidas judiciales no privativas de libertad impuestas a los menores infractores. Para ello, el Gobierno andaluz, a través de la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública, ha adjudicado por 33.755.353,33 euros los contratos de la gestión del SIMA en cada provincia para los próximos cuatro años.
En concreto, la Asociación para el Desarrollo e Integración Social Meridianos gestionará el SIMA de Almería (2,8 millones de euros), mientras que la Fundación Diagrama Intervención Social se encargará del servicio en Córdoba (3,1 millones), Huelva (2,7 millones) y Málaga (6,4 millones). La entidad Ginso ha resultado adjudicataria en el resto de las provincias, en unión con Imeris en el caso de Cádiz (6,3 millones), Granada (4,2 millones) y Jaén (2,7 millones), y con Ambar 21 para el SIMA de Sevilla (5,2 millones).
La Junta de Andalucía es la administración competente para facilitar la ejecución de las medidas que imponen los jueces a los menores infractores. Éstas pueden ser privativas de libertad, que los jóvenes cumplen en los centros de internamiento de menores infractores (hay 13 CIMI en Andalucía con 701 plazas), o de régimen abierto, como la libertad vigilada, las prestaciones en beneficio de la comunidad, las tareas socioeducativas, la asistencia a actividades y talleres en centros de día o la estancia temporal en grupos educativos de convivencia (hay 17 con 136 plazas).
Los SIMA coordinan la ejecución de las medidas de medio abierto y se encargan del seguimiento de los menores mientras las cumplen. Existen ocho servicios, uno en cada provincia, formados por equipos interdisciplinares de psicólogos, educadores, orientadores laborales o trabajadores sociales. Las entidades que han resultado adjudicatarias cuentan con una dilatada experiencia en el ámbito de la intervención psicosocial y la reeducación de jóvenes en situaciones de conflicto.
Una vez que el juez dicta una medida de medio abierto para un menor, los profesionales de los SIMA se encargan de hacer una evaluación del joven, de su entorno familiar, circunstancias sociales y hábitos conductuales para elaborar un Programa Individualizado de Ejecución de la Medida. Cada menor cuenta con un profesional referente único durante todo el periodo de ejecución de la medida y los equipos de los SIMA trabajaban también con las familias. Estos SIMA son responsables de garantizar que los menores infractores cumplan lo dictado por el juez y elaboran los informes de seguimiento para los juzgados.
Los jóvenes pueden cumplir las medidas bien en recursos propios de los SIMA, que disponen de espacios para la intervención profesional y la realización de talleres, actividades formativas y de ocio, o en coordinación con centros del entorno, mediante acuerdos con entidades públicas y privadas que faciliten la intervención en ámbitos normalizados y próximos a las personas menores y sus familias. Así, por ejemplo, a través de convenios con ayuntamientos y ONG, los menores infractores realizan las prestaciones en beneficio de la comunidad y tareas socioeducativas en servicios municipales o en labores de voluntariado.
Como novedad, se incorpora a los SIMA la ejecución de la medida judicial de asistencia a un centro de día, actividad que anteriormente se desarrollaba en los centros de día del entorno, en los que principalmente se ofertaban talleres socioeducativos. Con la integración en los SIMA de la ejecución de esta medida, se pretende mejorar la eficacia y eficiencia de las actividades desarrolladas por los menores al actuar un único profesional especializado de referente en la planificación y seguimiento de su evolución. De manera particular, se potencia la empleabilidad de los jóvenes y sus capacidades formativo-laborales.