El Consejo de Gobierno ha ratificado el I Plan de Igualdad para el personal al servicio de la Administración de Justicia, aprobado por unanimidad el pasado 27 de febrero por la Comisión Negociadora formada por la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública y las organizaciones sindicales. El documento incluye medidas para que las bajas por maternidad y paternidad no penalicen a la hora de promocionar, facilidades para flexibilizar la jornada por cuidado de hijos o personas dependientes sin tener que pedir una reducción de ésta, y protocolos para prevenir, denunciar y actuar ante casos de acoso, discriminación por razón de sexo o violencia de género.
La Administración de Justicia en Andalucía cuenta con más de 8.600 profesionales entre gestores procesales, tramitadores, personal de auxilio judicial, médicos forenses o auxiliares de autopsia. El 68% son mujeres si bien su representación varía según los cuerpos y puestos. Pese a que en general se trata de un sector de la Administración altamente feminizado, éste es el I Plan de Igualdad aprobado para este personal.
Tendrá una vigencia de tres años (2024-2027), con una valoración intermedia al año y medio. Para su elaboración se constituyó una Comisión Negociadora integrada de forma paritaria por los responsables de la Consejería y de los sindicatos de la Mesa Sectorial de Justicia (CSIF, STAJ, SPJ-USO, UGT y CCOO). Asimismo, se realizó un cuestionario entre el personal para detectar los obstáculos del sector para lograr la igualdad efectiva y, a partir de ellos, establecer las medidas adecuadas para corregirlos, agrupadas en una decena de programas, cada uno de ellos con objetivos y actuaciones concretos.
Así, entre la medidas previstas para garantizar la igualdad de acceso y promoción en la Administración de Justicia el plan contempla reservar los puestos a las interinas que sean llamadas para cubrir vacantes cuando se encuentren en las seis semanas de baja maternal obligatoria, así como la proporcionalidad de mujeres y hombres en los tribunales de los procesos selectivos de acceso libre y de promoción interna, en las comisiones de valoración de méritos de los concursos y las mesas de Negociación Colectiva. Igualmente, se implantarán programas de mentoría o acompañamiento dirigidas a mujeres para potenciar sus capacidades de liderazgo e impulsar su promoción a puestos de mayor responsabilidad y se incluirán cursos de habilidades directivas para mujeres.
Para que la maternidad o el cuidado de personas dependientes no suponga una merma en el salario o las posibilidades de promoción, el Plan prevé que el tiempo de baja durante el embarazo y tras dar a luz compute como trabajo efectivo y, en aquellos puestos en los que se realicen guardias, se perciba también la remuneración de las que se habrían realizado durante la baja por maternidad o paternidad. Asimismo, se facilitará la adaptación de la jornada laboral por cuidado de personas dependientes sin necesidad de solicitar una reducción de ésta (que conlleva una reducción salarial) y se estudiarán medidas de flexibilización de las jornadas para facilitar la preparación de los procesos selectivos de promoción interna a las personas aspirantes.
En aras de la conciliación y la corresponsabilidad, la formación se realizará siempre en horario laboral (incluidos los cursos online), mientras que la implantación del teletrabajo seguirá la regulación básica que establezca el Ministerio de Justicia y a los desarrollos autonómicos que le sean de aplicación.
El Gobierno andaluz y los sindicatos también acordaron realizar una Auditoría Retributiva externa, analizar los complementos salariales y retribuciones en especie, los perjuicios económicos que pueden ocasiones permisos, licencias y excedencias para detectar posibles discriminaciones por sexo y la creación de un Portal de Transparencia en materia retributiva.
La prevención y actuación frente al acoso sexual, la violencia de género o la discriminación por razón de sexo es otro de los ejes del Plan de Igualdad, que contempla la elaboración de protocolos específicos, formación en la materia y facilidades para la movilidad de puesto sin merma económica alguna. Se realizarán informes anuales sobre los casos registrados y se creará un buzón de denuncias anónimas.
En materia de salud laboral, la Junta de Andalucía y los sindicatos han acordado realizar un registro de puestos de trabajo que supongan un riesgo para las situaciones de embarazo y lactancia, así como procedimientos específicos para la adaptación de puestos y una guía para la creación de salas de lactancia en los centros de trabajo, una medida que ya se contempla en algunos proyectos de nuevas sedes judiciales como la de Roquetas de Mar (Almería). Las evaluaciones de riesgos psicosociales incluirán la perspectiva de género.
Para la sensibilización sobre políticas de igualdad de género de los profesionales al servicio de la Administración de Justicia, el Plan contempla realizar encuestas bianuales sobre el clima laboral con preguntas específicas sobre la materia, la publicación de un Boletín trimestral con noticias, novedades e informes especializados y de un portal específico dentro del Portal Adriano. Además, se revisará la denominación de los diferentes puestos y categorías profesionales para corregir aquellas designaciones que utilicen un lenguaje no inclusivo, al igual que las órdenes e instrucciones.