El Consejo de Gobierno ha aprobado el Plan General de la Inspección General de Servicios de la Junta de Andalucía para 2024, que incluye programas sobre atención a la ciudadanía; ética pública e integridad; eficacia, eficiencia y efectividad en el funcionamiento de los servicios públicos; transparencia y participación; protección de datos y administración electrónica, y evaluación e innovación.
Entre los ámbitos de la Administración Pública que serán evaluados para proponer mejoras destacan el funcionamiento de las oficinas de asistencia en materia de registro; los plazos de resolución y reclamaciones en la tramitación del título de familia numerosa; o las actuaciones de la Oficina Andaluza contra el Cambio Climático y el control de la cadena alimentaria de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural.
El Plan General de Inspección es el instrumento de planificación principal de la actividad de la Inspección General de Servicios, órgano adscrito a la Secretaría General para la Administración Pública de la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública. El objetivo de esta labor inspectora es analizar y evaluar el funcionamiento de la Administración Pública de la Junta de Andalucía para garantizar la mejora continua en la prestación de los servicios públicos. Se trata del quinto Plan General de la Inspección aprobado con el Decreto de 3 de diciembre de 2019, por el que se regula la organización y funcionamiento de la Inspección General de Servicios.
En materia de atención a la ciudadanía, en 2023 se analizaron las opiniones vertidas por ésta sobre los servicios públicos en el periodo 2020-2022 y este año el objetivo es elaborar una propuesta de mejora del sistema de participación y actualizar los cauces para la misma, ya que la normativa que regula las sugerencias y reclamaciones se aprobó en el año 1988. El Plan de Inspección también prevé comprobar el funcionamiento de las Oficinas de asistencia en materia de registro en cuanto a la ayuda que ofrecen para la realización de trámites electrónicos.
Asimismo, respecto al ámbito de ética pública e integridad, este plan estudiará opciones para que, por necesidades urgentes de la prestación del servicio público, el personal al servicio de la Junta de Andalucía, fuera de su jornada ordinaria, pueda realizar una segunda actividad relacionada con sus atribuciones, como, por ejemplo, dictámenes para el reconocimiento del grado de valoración de las personas con discapacidad. También se analizarán el control de las incapacidades temporales para elaboración de una propuesta de protocolo y se revisará si los modelos de declaración de actividades, bienes e intereses de los altos cargos y sobre las causas de posible incompatibilidad se ajustan a los cambios normativos de los últimos años en materia de lucha contra el fraude y la corrupción.
La inspección relativa a la eficacia, eficiencia y efectividad en el funcionamiento de los servicios públicos se centrará en detectar áreas de congestión en los servicios centrales de varias consejerías y en definir una metodología para descongestionarlos, en analizar el funcionamiento del teletrabajo en las delegaciones territoriales y en evaluar las actuaciones de la Oficina Andaluza de Cambio Climático, adscrita a la Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, en el marco del Plan Andaluz de Acción por el Clima.
Con respecto al apartado de transparencia y participación, se analizará la gestión de las consultas y peticiones de información solicitadas a través del Portal de Transparencia de varias consejerías y la publicación de documentación sometida al trámite de información pública, así como el cumplimiento de las obligaciones en materia de publicidad activa del Servicio Andaluz de Empleo, la Agencia Tributaria de Andalucía y la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía.
Las actuaciones sobre administración electrónica se centrarán en comprobar la interoperabilidad de los sistemas de la Junta de Andalucía con otras administraciones y al cumplimiento de la normativa de protección de datos en relación con las consultas, reclamaciones y solicitudes de ejercicio de derechos realizadas por la ciudadanía.
Por último, en la categoría de evaluación e innovación, este año se analizará la gestión del personal estatutario temporal del Servicio Andaluz de Salud (SAS) tras la modificación del Estatuto Marco, que insta a reducir la temporalidad, para lo cual el plan prevé estudiar los procesos de cobertura de plazas realizadas desde 2020. También se estudiarán los procedimientos de incorporación de nuevo personal en las consejerías, la estructura organizativa en el Servicio de Administración Laboral de las delegaciones territoriales de la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo. Además, se someterá a un examen independiente el sistema de auditorías del plan nacional de control oficial de la cadena alimentaria en la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural.
Por último, el Plan contempla estudiar la eficacia y eficiencia en la tramitación de los títulos de familia numerosa. Para ello se analizarán las solicitudes presentadas en 2023, los tiempos de resolución, el número de personas encargadas de su tramitación y las reclamaciones recibidas con el objetivo de proponer mecanismos de mejora.