El Consejo de Gobierno ha tomado conocimiento de las actuaciones realizadas en materia de derechos de las personas consumidoras y usuarias por parte de la Consejería de Salud y Consumo durante el periodo 2019-23, en los que ha atendido a través de la plataforma Consumo Responde un total de 241.417 consultas de usuarios y consumidores en el teléfono de atención a usuarios, que ha recibido el 90% de estas peticiones de información (158.842); la página web (31.849 consultas y 5.618.837 visitas); el correo electrónico; los perfiles en redes sociales; y a través de las delegaciones territoriales, que han atendido en total 50.726 peticiones de información.
Así, el informe de las actuaciones realizadas, presentado con motivo de la celebración el día 15 de marzo del Día Mundial de los Derechos del Consumidor, señala que el Gobierno andaluz financia, a través de subvenciones a las asociaciones de personas consumidoras y usuarias, actuaciones de información y formación. En total, durante este lustro, se han destinado 3,7 millones de euros a asociaciones y federaciones y casi 3,8 millones a entidades locales, para actuaciones de apoyo a las OMICS y a los Servicios Locales de Consumo y Juntas arbitrales municipales, formando a 54.415 personas.
Con el objetivo de garantizar a las personas consumidoras y usuarias que los bienes y servicios puestos a su disposición se produzcan, suministren y ofrezcan en unas condiciones adecuadas para que puedan disponer de productos seguros y de calidad, la Junta de Andalucía realiza labores de inspección tanto a instancia de parte, debido a la presentación de una reclamación o denuncia por una persona consumidora o una petición recibida de otra administración, o bien de oficio, como consecuencia de la realización de campañas de inspección programadas.
En este sentido, en el período comprendido entre 2019-2023, la Inspección de Consumo ha levantado un total de 72.248 actas de inspección (una media de 14.500 cada año), de las que 14.503 (una media de 2.900 cada año) detectaron alguna irregularidad en el control realizado, lo que supone un 20% del total. Además, se tomaron un total de 2.039 muestras (una media de 400 cada año), a razón de 588 de productos alimenticios y 1.432 de productos industriales, para su ensayo en laboratorio, de las que 699 arrojaron incumplimientos, lo que supone un 34%, ya por defectos de etiquetado, composición, calidad o seguridad. En la realización de estas actuaciones inspectoras, se visitaron un total de 59.926 establecimientos (una media de 12.000 cada año).
En concreto, como consecuencia de las actuaciones realizadas en materia de inspección, se han incoado 10.600 procedimientos sancionadores (una media de 2.120 cada año) y se han resuelto 10.576 procedimientos sancionadores, de los que ha resultado la imposición de sanciones de multa por importe de 49.994.832 euros (alrededor de diez millones de euros cada año).
En paralelo, cada año se aprueba, a través de la Dirección General de Consumo de la Consejería de Salud y Consumo, un Plan de Inspección de Consumo, que comprende controles en los establecimientos y se toman muestras de los productos para comprobar que cumplen con los requisitos de seguridad y calidad que establece la normativa. Este Plan de Inspección de cada año se divide en tres sectores: productos alimenticios, productos industriales y servicios. Desde 2019 hasta finales de 2023, se han realizado un total de 107 campañas de inspección, de lo que resulta una media de 21 campaña de inspección cada año.
Red de Alerta de Productos no alimenticios
También es responsabilidad de dicha Dirección General, a través de la Inspección de Consumo, retirar los productos inseguros del mercado para que no se comercialicen ni estén accesibles a las personas consumidoras y usuarias, así como comprobar que los productos que se comercializan cumplen con los requisitos de seguridad.
En el período comprendido entre 2019 y 2023, desde Andalucía se han incluido en la Red de Alerta de productos no alimenticios, para que el resto de las autoridades de consumo tengan conocimiento y participen en la retirada del producto del mercado, un total de 319 productos que resultaron inseguros de las categoría de juguetes, artículos de puericultura, punteros láser, pequeños electrodomésticos, mascarillas de protección, ropa infantil o sillas de paseo.
Finalmente, la Administración de Consumo ha tramitado en este periodo más de 71.000 hojas de quejas y reclamaciones y más de 10.000 solicitudes de arbitraje en la Junta Arbitral de Consumo de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a la que están adheridas voluntariamente cerca de 5.300 empresas.
La Junta de Andalucía cuenta con un órgano de concertación, el Consejo Andaluz de Consumo, un órgano colegiado de carácter consultivo, de participación, mediación, diálogo y concertación, formado por representantes de las administraciones local y autonómica, las organizaciones de personas consumidoras y usuarias y la organización empresarial más representativa, que, desde 2019 hasta finales del año pasado, ha celebrado más de 150 reuniones (pleno, órganos sectoriales y grupos de trabajo).
Asimismo, Andalucía dispone de un órgano de participación, el Consejo Andaluz de Personas Consumidoras y Usuarias, el máximo órgano colegiado de consulta y participación de los consumidores en la comunidad y lo integran representantes de las organizaciones de personas consumidoras más representativas de Andalucía. En estos cinco años, este consejo ha celebrado más de 300 reuniones entre el pleno, la comisión permanente y los grupos de trabajo.